Las diferencias entre un auditor del sector privado y uno del sector público son sorprendentes: el primero es el brazo derecho del dueño de la empresa, porque ayuda a proteger y progresar los intereses y patrimonio empresarial; mientras que el segundo, como el sector público, no tiene dueño, se puede dejar corromper por el poder político y económico y descuida el control de las instituciones públicas, como las petroleras, eléctricas y mineras, que son las que más producen.

El beneficio de la corrupción, cuando el control del auditor público no es eficiente y efectivo, es enviado a los paraísos fiscales a través de testaferros, dejando más endeudado al país y más pobre a la ciudadanía, que busca sobrevivir migrando a Estados Unidos.

Reflexión: ¿el control del auditor público debe ser eficiente y efectivo para combatir la corrupción? (O)

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Ángel Calderón Mayorga, economista, Guayaquil