Políticas elaboradas por “asesoría” del Palacio de Gobierno causan indignación, ya que la Comisión Nacional Anticorrupción, por crearse, no sería un órgano independiente sino estará integrada por los titulares de la cada una de las cinco funciones del Estado, y por el titular de la Contraloría, Procuraduría, Defensor del Pueblo, Asociación de Municipalidades del Ecuador, Consorcio de Gobiernos Provinciales, el Servicio Nacional de Compras Públicas, Unidad de Análisis Económico y Financiero, superintendentes, Servicio de Rentas Internas, sociedad civil, universidad, medios de comunicación y gremios. Esta Comisión Nacional Anticorrupción tendría más miembros que el Consejo de Gabinete.

Este lector propone que solo basta crear la Comisión de Transparencia y Prevención con un representante de la Fiscalía General del Estado; un representante de la Contraloría General del Estado; un representante de la Unidad de Asuntos Financieros y Económicos; un representante del Servicio de Rentas Internas; y tres representantes de la sociedad civil que lo presidirán. “El pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público, en ejercicio de su derecho de participación”, artículo 204 de la CRE, y 61. 5: “... el derecho ciudadano de fiscalizar los actos del poder público”. Pero causa más indignación que el resultado de las investigaciones de la Comisión Nacional Anticorrupción lo investigará otro órgano que será adscrito a la Presidencia de la República, es decir, no existiría acción de transparencia independiente. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción establece que los organismos de control contra la corrupción deben ser independientes, imparciales, no aliados al poder. La lucha contra la corrupción no debe comprometer la credibilidad de un mandatario. (O)

Franklin Moreno Quezada, doctor en jurisprudencia, Guayaquil