Procurando ser objetivos, realistas, diría que en buena parte sí; la gente está menos tensa, con algo de optimismo, con deseos de recuperar el tiempo perdido. Creo que a esto contribuye, principalmente, que el plan de vacunación parece ir por buen camino: el Ministerio de Salud luce organizado, que cuenta con disponibilidad de vacunas; despierta esperanza de que se alcanzará la meta ofrecida para los primeros cien días de gobierno. Eso produce confianza en la recuperación económica. Se nota movimiento en las calles, en los almacenes, en las tiendas de barrio; aumenta el tráfico vehicular. Según los reportes oficiales, el pago de impuestos supera, aunque sea levemente, a los del año anterior a la pandemia. El aire de libertad también contribuye a la actividad económica; medidas como la reducción de aranceles abaratan la producción, el consumo, inspira el emprendimiento. Todo esto puede resumirse en paz social, que hay que proteger. Desgraciadamente ese ambiente de paz es amenazado por la anarquía que impera en varias instituciones del Estado. Lo prescrito en la Constitución de Montecristi es tan incoherente, solo funcionaba bajo la mano férrea de un capataz que disponía lo que se le ocurría; metía la mano en la justicia, amedrentaba a los jueces, y así en todos los órdenes. Sin la mano que aterrorice, el mecanismo administrativo, que es similar al de un reloj, se ha detenido. Esto se ha hecho patente en varios casos: la confesión de las autoridades pertinentes de que no existe solución legal para la designación de un contralor general encargado mientras se designa al definitivo. Así lo dijo el procurador general, y así acaba de admitirlo el Consejo de Participación –que tiene la facultad de designar al titular– cuando pide a la Función de Transparencia, de la que es parte, que solicite una interpretación de la Corte Constitucional. Nadie se atreve a tomar una decisión. Es inútil que digamos que quien tiene la facultad de designar al titular tiene la facultad implícita de designar al encargado mientras cumple con el procedimiento para elegir al titular. Asimismo, no encuentran solución para el caso del defensor del Pueblo. Si este no renuncia, la Asamblea puede enjuiciarlo políticamente y destituirlo. Para completar esta trilogía de tragicomedias, tenemos el caso del muñeco porfiado del exalcalde de Quito, al que lo enjuician, le colocan grillete para prevenir una eventual fuga, le destituyen, pero no se amilana, y sigue interponiendo recursos de protección ante jueces, al parecer escogidos previamente. Mientras tanto, Quito está abandonada a su suerte. Todo esto está amparado por la Constitución de Montecristi, que creó el Consejo de Participación. El actual presidente se comprometió a convocar una consulta popular para eliminarlo. Otras voces reclamamos la extirpación no solo del Consejo, sino de la totalidad de la Constitución de Montecristi. La solución integral la ha propuesto el doctor Simón Espinosa, quien le pide al presidente convocar un plebiscito para derogar la Constitución de Montecristi y declarar vigente la inmediatamente anterior, la de 1998, actualizada con los derechos sociales vigentes. ¡Este paso significaría la recuperación moral, cívica y del Estado de derecho en el Ecuador! (O)