El libro Carta a mis hijos, del actual presidente, me impactó. Relata la historia de un luchador, de un ser cuyo máximo lujo era disfrutar del “pan de doble harina” (pan de yuca) que hacía su querida madre. Cuenta que tomar una coca cola le era un lujo. Me generó admiración. Desde lo más profundo de mí siempre he admirado a los luchadores. Quiero admirar al Lasso presidente de la República por la coherencia de sus decisiones y por su sabiduría para gobernar. Las observaciones de este artículo las escribe quien no siente ninguna atracción por la política, ni por nuestros partidos.

El Decreto citado parece hecho por enemigos políticos. Estamos a tiempo de corregir, señor presidente.

Pues bien: Ecuador no es un país común. Invertir aquí requiere incentivos. Más aún en estos tiempos. Hay paralizaciones, inestabilidad política, dirigencias gremiales politizadas, sicariatos, delincuencia organizada, corrupción, etc. Si queríamos inversiones para obras y servicios que el Estado no puede costear, era básico que: o se mantenían o se incrementaban los incentivos tributarios para las asociaciones público privadas. Pero sucedió lo increíble: en noviembre de 2021 se desmantelaron por ley los incentivos. Entre el dinero que entra por inversión y el impulso a la economía que ello conlleva, y las exoneraciones tributarias por un capital que actualmente no existe, largo que le conviene al país el estímulo a dichas asociaciones. Las exoneraciones tributarias daban lugar a un trámite “maldito” por sus complejidades. Pero si los incentivos tributarios fueron (erradamente) desmantelados, ¿cómo es posible que la maraña de trámites, calificaciones y procedimientos, en esencia, se mantengan, y peor, que se incrementen? Por si ello fuera poco, un Decreto publicado el 2 de septiembre de 2022 dice que el órgano competente aprueba modelos de pliegos de contratación, y de contratos (lo que hace el Sercop), para lo cual evidentemente tendrán que contratarse consultorías que elaboren los proyectos, los cuales posiblemente variarán su contenido dependiendo del sector de la inversión sin estímulos, y en esa pendejadilla ser irán en promedio seis meses mientras se tramitan las consultorías, se hacen los proyectos, se los aprueba contractualmente, etc. Y de remate en el Decreto se “transforma” la actual secretaría técnica de asociaciones público privadas en secretaría de inversiones. ¿Para qué? ¡Para nada! ¿Cuál es el valor agregado de esa transformación? Ninguno. Fue una mala idea. Incluso se abre un nuevo trámite: ejecutar la transformación, que implica una cadena de cumplimientos. Generosamente la disposición transitoria segunda le da (agárrese de su asiento, señor presidente y amigo lector) cuatro meses y medio al Ministerio de Economía y al del Trabajo para “realizar todas las acciones administrativas, presupuestarias, jurídicas y de talento humano que se requieran para aprobar la estructura definitiva de la Secretaría de Inversiones Público-Privadas...”.

El Decreto citado parece hecho por enemigos políticos. Estamos a tiempo de corregir, señor presidente. Está en sus manos hacerlo. Mis respetos por su historia de lucha y sus afanes. Hay cambios que no esperan. (O)