Lo que está ocurriendo en Contraloría y Defensoría supera a la imaginación, y ha sido gráfica, genialmente, representado por el lápiz de Bonil: Los titulares de Contraloría y Defensoría del Pueblo despachando desde sus celdas, donde se encuentran presos, dizque en uso de licencias o vacaciones. No, señores, no están en uso de vacaciones o licencias, están presos, y no se les debe permitir ni computadoras ni celulares; menos todavía que designen sucesores o los remuevan o cancelen. Esto es una vergüenza; es un peligro para el Estado, para su administración. La Asamblea Nacional debe enjuiciarlos de inmediato y destituirlos.

También es penosa la actuación del procurador general del Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando después de reconocer las actuaciones ilegales, abusivas, persecutorias, del presidente Correa contra el periodista Emilio Palacio y el Diario EL UNIVERSO, por la publicación de un artículo de opinión, afirma que el Estado cree que no hubo mayor perjuicio a las víctimas, porque el acusador, Correa, perdonó a los que le demandaban: “La sentencia penal objeto del presente proceso interamericano jamás se ejecutó; las presuntas víctimas nunca estuvieron privadas de la libertad y no pagaron valor alguno”. Poco le faltó al procurador para decir que las víctimas de la persecución debían agradecer la magnanimidad de su verdugo. Los marinos españoles Jorge Juan y Antonio de Ulloa, en sus Noticias secretas de América, relatan el hecho macabro de cuando los conquistadores azotaban a un aborigen en la plaza pública, obligaban a la víctima a ir de rodillas a agradecer y besar la mano del verdugo. Pienso que el procurador quiere evitar que se condene al Ecuador a pagar una indemnización a las víctimas, y él, luego, tener que repetir, demandando a Correa, que fue su benefactor.

La actual comandante general de la Policía ha reconocido que se prestó, en 2019, al Gobierno boliviano armamento no letal, como gases lacrimógenos; las cooperaciones de este tipo entre fuerzas policiales no se efectúan sin autorización de las autoridades políticas, a las que los comandantes dan parte, diariamente, señaladamente al ministro o ministra de Gobierno y Policía, quien, enseguida, reporta al presidente de la República. Es una decisión de política internacional muy grave, porque significa intervenir en asuntos de otro Estado, proporcionándole material para que reprima a su pueblo. Según la prensa internacional, la ministra de Información del gabinete de Áñez, Roxana Lizárraga, llamó a Sánchez Berzain, exministro boliviano que dirige una entidad norteamericana de relaciones con América Latina, quien, en minutos, obtuvo del gobierno dócil de Lenín Moreno y su ministra Romo el envío de material para reprimir al pueblo boliviano. Los entonces reprimidos, que ahora son Gobierno, con Arce, no creo que devuelvan o paguen el material; por el contrario, el Gobierno, las cámaras legislativas exigen disculpas de Moreno, y anuncian demandas internacionales contra Moreno y Áñez. Tenemos un problema internacional que nos coloca en mala posición ante Bolivia y los gobiernos de izquierda de Latinoamérica. (O)