Esta semana nuestro país volvió a ser testigo no de una, sino de dos masacres carcelarias. Estas son la octava y novena carnicerías desde el 2021, los últimos eslabones de una sangrienta cadena de matanzas que ha literalmente despedazado a casi 400 reos.

Cabezas serruchadas, órganos extirpados, y montículos de cadáveres en llamas se han convertido en avistamientos rutinarios, parte de lo que es ‘normal’ en Ecuador. Estas últimas masacres, como todas las anteriores, dejan de manifiesto cómo el Estado desde hace mucho ha perdido completamente el control de nuestro sistema penitenciario.

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Fusiles de asalto y municiones de alto calibre circulan sin control detrás de sus muros, mientras que los capos de la droga organizan fiestas y hasta se construyen piscinas privadas en sus pabellones, todo a vista y paciencia de las autoridades. Las cárceles del Ecuador, lejos de ser centros de rehabilitación social, se han convertido en un “Estado dentro de un Estado”, un territorio gobernado no por las leyes de nuestra república, sino por la voluntad de las mafias y narcotraficantes.

La pureza ideológica debe ceder a encontrar soluciones pragmáticas que pongan fin a la carnicería. El país lo necesita.

Como la mayoría de los males en nuestro país, la causa principal detrás de esta pesadilla sin fin es la corrupción. Recuperaremos el control de nuestras cárceles solo cuando las autoridades penitenciarias cumplan con su deber y pongan fin al tráfico de armas indiscriminado que ocurre en ellas. Pero eso es imposible cuando toda la estructura ha sido corrompida de arriba a abajo por el dinero del narcotráfico. Ante los reiterados fracasos del Estado por romper este círculo vicioso, necesitamos plantearnos soluciones radicales.

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Quiero poner sobre la mesa una de ellas: concesionar la administración de los centros penitenciarios más problemáticos a empresas extranjeras con alta experiencia en la materia. En efecto, en países como Estados Unidos, Inglaterra, y Nueva Zelanda algunos centros penitenciarios son administrados por entidades privadas, las cuales se encargan de su seguridad, mantenimiento y control. Este modelo de ‘cárceles privadas’ no es perfecto y ha suscitado críticas válidas en esos países, pero comparado con el catastrófico manejo actual de nuestras cárceles la diferencia es noche y día. Más importante aún, al provenir del extranjero estas empresas son ajenas a la corrupción que ha infectado el sistema carcelario ecuatoriano y al guiarse por estrictos códigos y protocolos internos serán más difíciles de corromper que la burocracia local.

Encomendar la administración penitenciaria a empresas foráneas es sin duda una propuesta controversial que generará repudio por parte de algunos sectores políticos, los cuales la calificarán como una cesión de nuestra soberanía al capital extranjero. Objeciones ideológicas de este estilo, sin embargo, ignoran que la soberanía de nuestras cárceles fue cedida hace años a las mafias y carteles. La pureza ideológica debe ceder a encontrar soluciones pragmáticas que pongan fin a la carnicería. El país lo necesita. (O)