Dependiendo desde qué punto se las mire, las coincidencias pueden ser felices o infelices. Esto quedó claro cuando, con pocas horas de diferencia, el presidente de la República anunció una consulta popular sobre temas judiciales y un tribunal expidió la condena a un policía que mató a dos delincuentes. Es posible que la confluencia de esos hechos aparezca como beneficiosa para el primer mandatario, pero seguramente no será muy agradable para los jueces y más integrantes de los órganos judiciales.

Es posible que desde el Gobierno se considere que la arriesgada idea de convocar a una consulta, en la que el tema central sería la eliminación del Consejo de la Judicatura, se vea favorecida por actuaciones como la de los jueces de ese tribunal. Ello porque la opinión ciudadana está fuertemente influida por el incremento de delitos y en general por el clima de inseguridad que afecta al país e inevitablemente busca responsables de esa situación. Identificar personas e instituciones responsables es más fácil que encontrar explicaciones en los aspectos de fondo, como las condiciones socioeconómicas, el cierre de oportunidades para grandes grupos de la población, el golpe que significa la pandemia y la larga ausencia de políticas de prevención. Ahí es cuando aparece en los primeros lugares el aparato judicial con sus integrantes, su funcionamiento y las normas que lo rigen. La opinión mayoritaria –de condena a los jueces y de respaldo al policía sancionado– expresa claramente esa orientación.

Es innegable que el sistema judicial hace agua por arriba, abajo y todos los costados. Los especialistas destacan realidades como la pésima formación de la mayoría de sus integrantes, los altos niveles de corrupción, la estrecha relación con la política, la lentitud en los trámites y una interminable cadena de obstáculos en los procesos. Por tanto, es un problema extremadamente complejo, que no se reduce a esa parte del organismo que durante el correato fue la pieza fundamental para corroer y corromper aún más a la justicia. A más de parcial y limitada, la eliminación de ese Consejo no solucionaría el problema del control y la censura sobre los jueces, ya que algún organismo debería asumir sus funciones de administración. En el mejor de los casos sería un cambio de nombre. Consecuentemente, la solución solo puede ser integral y quizás la mejor vía sería repetir la única experiencia positiva en ese campo, que fue la reforma hecha con el apoyo de Naciones Unidas.

Por otra parte, debido a que es un hecho estrictamente político, la consulta está determinada por múltiples factores que tienen relación con los juegos de fuerzas y las posiciones de muchos actores. Si, por una coincidencia, se creó una opinión ciudadana aparentemente favorable para una intervención de esa naturaleza, no quiere decir que esa posición se va a mantener hasta la lejana fecha de las próximas elecciones. Por el contrario, lo más probable es que el Gobierno llegue debilitado a ese momento, ya que en el camino tendrá que gastar su capital político con medidas económicas y sociales que no serán fácilmente entendidas y mucho menos aceptadas por la ciudadanía. Es un riesgo apostar a que se produzca otra improbable coincidencia cuando nuestra historia nos recuerda que las consultas son plebiscitos sobre los presidentes. (O)