La semana pasada, una vez más, hubo noticias sobre la exposición de datos públicos de los ecuatorianos y un ataque cibernético a dos instituciones estatales. Uno de los problemas se dio en el Ministerio de Salud Pública y el otro en la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Más allá de las explicaciones técnicas que se han dado, lo que queda en claro es que es hora de que se tomen medidas en torno a la seguridad de la información. O, en otras palabras, que se trabaje en una planificación estratégica integral en ciberseguridad.

Sí, los responsables de estos organismos han dicho que se están tomando correctivos, pero la pregunta es cuándo y cómo se va a dar una respuesta que abarque tanto al sector público como privado y, obviamente, a los ciudadanos.

Para hacer frente a este problema, primero hay que entenderlo en su dimensión. No estamos solo hablando de programadores (crackers) que colocan virus o programas que filtran las seguridades informáticas de las instituciones para obtener distinta data de los ecuatorianos. O de falta de cuidado de algún técnico local. Estamos hablando también de la información que voluntariamente entregamos los ciudadanos, por ejemplo, a los gigantes tecnológicos, para poder hacer uso de las plataformas de moda –y algunas necesarias desde la llegada de la pandemia–, como TikTok, WhatsApp, Instagram, entre otras.

La seguridad de la información además implica entender que los canales de comunicación y la comunicación en sí es estratégica y clave para un Estado. Bajo esa perspectiva hay que plantear no solo leyes que blinden a los ciudadanos y a las instituciones públicas y empresas privadas, sino políticas nacionales. Dentro de esas políticas nacionales hay dos aspectos vitales.

El primero es que se defina, por ejemplo, cuál va a ser el papel del Estado frente a la desinformación. Hay países que tienen esto como un tema de seguridad nacional, especialmente cuando entienden el alcance de este fenómeno: campañas específicas para generar miedo y odio, así como afectar a los sistemas democráticas. Hace unas semanas, por ejemplo, en España, una de sus universidades consiguió fondos de la Unión Europea para generar alertas y estudiar cómo enfrentar este fenómeno en ese país y su vecino Portugal.

El segundo es cuáles son las reglas de juego que se quieren establecer con los gigantes informáticos. Muchos países están poniendo límites a esas empresas, pero en el Ecuador ni siquiera se habla al respecto.

Esto tiene que ir de la mano de la educación mediática. Que levante la mano quien se ha dado el trabajo de leer hasta la última letra de lo que está dispuesto a entregar cuando se une a una red social. Seguro que son muy pocos (y lo afirmo por mantener el optimismo). No tenemos ni idea de lo que estamos autorizando. Y la peor parte es que no hay un control adecuado, mejor dicho, no se educa a los niños y jóvenes sobre los riesgos y el para qué son las redes sociales. Hay padres de familia que ni siquiera saben que sus hijos tienen cuentas.

El camino que le falta recorrer al país en esta materia es bien largo y la tecnología va muy rápido. (O)