La condena a un policía por defender a la víctima de un asalto, y que lo hacía, además, sin estar de servicio en el lugar de los incidentes, ha conmovido a la sociedad que se siente desvalida ante el auge del crimen. La vida, la propiedad, cada día valen menos. La sentencia de los jueces nos hace ver que muy poco saben de los hechos que juzgan. Afirmar que el policía disparó y mató por la espalda a doscientos metros con una pistola es ignorar que las pistolas son armas de corto alcance, para ser usadas a quemarropa, y hasta unas pocas decenas de metros, no a más de dos cuadras, por un tirador en movimiento a unos delincuentes escapando a gran velocidad. De corto alcance son las armas de la policía; las de largo alcance las tiene el ejército para otro tipo de combate. Esa teoría de los jueces no parece creíble; el policía habla de unos hechos de combate a corta distancia, lo que sí es creíble. A este hecho conmovedor se suma la información de que en Guayaquil, solamente en lo que va de enero, ha habido unos ochenta asesinatos.

¡Que no volvamos a ver, como en las manifestaciones de octubre de 2019, militares y policías secuestrados, porque, o estaban desarmados, o no tenían autorización para usar sus armas, eso fue un sinsentido; además, un Gobierno sometido, humillado. Las fuerzas del orden requieren de leyes que les permitan actuar respaldadas por el derecho, la justicia; hoy es palpable que las leyes respaldan a la delincuencia, y los jueces, en muchos casos, liberan a los delincuentes. Todo esto impide la actuación decidida, eficaz, oportuna. La ministra de Gobierno habla de impulsar en la Asamblea leyes que permitan combatir esta pavorosa inseguridad; pero eso es incierto. El presidente propone una consulta popular para suprimir el Consejo de la Judicatura, pero solamente después de un año; demasiada espera para algo urgente. Este Consejo domina la Función Judicial, está sobre la Corte Suprema de Justicia. Esos poderes indebidos se los concedió la Constitución de Montecristi. En la Constitución anterior, la de 1998, se creó este Consejo, pero con atribuciones limitadas, administrativas, y dependiendo de la Corte Suprema. El hacer una modificación a la Constitución, una reforma o una enmienda, es casi imposible. Por eso, y para suprimir, también, esa otra distorsión de la estructura constitucional, llamada Consejo de Participación Ciudadana, muchos creemos que hay que eliminar sin contemplaciones a la Constitución de Montecristi. Ella fue aprobada en plebiscito y, por tanto, puede ser derogada por plebiscito. Al ser derogada, y para que no quede un vacío legal, quedaría en vigencia, automáticamente, el orden constitucional anterior, es decir, la Constitución de 1998. Así lo ha propuesto, con gran sabiduría, el doctor Simón Espinosa. En la consulta popular se formularían las preguntas necesarias para actualizar la antigua Constitución, particularmente en Derechos Humanos, y hacer otros cambios sustanciales, estructurales, que serían muy convenientes, como la bicameralidad. Es facultad del presidente el convocar a consulta popular sobre asuntos trascendentales para la nación, pero tiene que hacerlo ahora, no hay tiempo que perder. La anarquía nos pierde. (O)