Otra pregunta de la consulta de febrero/2023 buscará la autorización de la ciudadanía, vía enmienda constitucional, para que el Consejo de la Judicatura ya no seleccione, evalúe, ascienda, capacite ni sancione a los fiscales, esto porque la Fiscalía General del Estado (FGE) es un órgano autónomo. Se deduce que tal poder lo tendría un nuevo órgano de la propia FGE, llamado Consejo Fiscal, que le garantizará independencia, externa e interna.

Corte Constitucional acepta procedimiento de enmienda para seis preguntas planteadas por el Ejecutivo en su consulta popular

En el planteamiento del presidente a la Corte Constitucional, para que apruebe la pregunta, recuerda que la Constitución (art. 194) define a la FGE como un órgano autónomo de la Función Judicial, que debe funcionar de forma desconcentrada y con autonomía administrativa, económica y financiera. Con lo cual, el organismo goza de dos garantías simultáneamente –la independencia y la autonomía– que además son esenciales y han sido enfatizadas así por la propia Corte Constitucional. El caso es que, aunque la Constitución le reconoce a la FGE tres tipos de autonomía, la normativa vigente impone que el Consejo de la Judicatura apruebe su presupuesto; y, que también seleccione, evalúe, ascienda y sancione al personal de la Fiscalía. Ello, según el presidente, ha generado problemas tales como déficit de fiscales (se necesitan 602 más para el país) y la baja calidad de personal de la Fiscalía (consecuencia de la falta de objetividad de los precarios y manipulados procesos de selección); incremento de la delincuencia, impunidad; y, desconfianza ciudadana en la Fiscalía.

El presidente, para justificar que el Consejo de la Judicatura, no tenga poder sancionador sobre los fiscales, rememoró que la propia Corte Constitucional ha advertido: “El control disciplinario sobre los jueces, fiscales y defensores públicos, en particular, ha sido muchas veces distorsionado e instrumentalizado como un mecanismo de injerencia totalmente indebida para direccionar, sancionar, limitar y en forma general influir o determinar decisiones jurisdiccionales o actuaciones directamente vinculadas a estas”.

La enmienda propuesta para mejorar la autonomía de la Fiscalía General del Estado es una alternativa necesaria.

Vale mencionar que una solución similar para fortalecer la independencia de los fiscales se propuso y discutió en el 2010, cuando se preparó un informe de la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho (Comisión de Venecia) sobre las Normas Europeas Relativas a la Independencia del Sistema Judicial: Parte II – El Ministerio Público. Ahí apareció el Consejo de Fiscales como un instrumento de autonomía política pura, y se sugirió darle legitimidad democrática, eligiendo una parte de sus miembros en el Parlamento. En dicho foro consideraron que dadas las cualidades especiales que deben tener los fiscales, estos deben ser nombrados por los propios superiores jerárquicos. La ayuda de expertos para preparar el nombramiento de fiscales cualificados funciona bien en el marco de un Consejo de Fiscales, integrado por fiscales de rango superior, profesores y abogados de la materia penal con experiencia, para proponer a candidatos competentes, evaluarlos y sancionarlos.

La enmienda propuesta para mejorar la autonomía de la Fiscalía General del Estado es una alternativa necesaria. (O)