El primer símbolo de que una sociedad está enmarcada en un Estado de derecho, esto es, en un Estado limitado por las leyes, es la existencia de una Constitución. Esta es la máxima fuente de derechos, el gran derrotero de las instituciones públicas y el cauce imprescindible de toda la sociedad, pues está concebida más allá de cualquier interés individual. Hay ciudadanos que sienten verdadero fervor por ella, y hay personas para las que ella no les representa nada. Y hay también unos cuantos canallas y aprendices de canallas que creen que la pueden pisotear a su antojo en cualquier tiempo y circunstancia, que consideran que es un juguete al servicio de sus barbaridades. Cuando la cantidad de esos sujetos y aprendices aumenta vertiginosamente debemos preocuparnos especialmente, y cuando esos sujetos son autoridades estamos ante un síntoma de ruina. No voy a señalar, ni es mi estilo, casos específicos de barbaries constitucionales que presenciamos con frecuencia. Pero sí debo condenar el hecho de que sin ningún rubor autoridades, cual delincuentes, se burlen del más básico respeto a la Constitución de la República acomodándola a sus siniestros intereses. Parece que el cinismo se está institucionalizando gravemente en el Ecuador. El abuso del derecho se está convirtiendo en la adicción de unos cuantos tristes personajes. Entre los lamentables efectos de los graves vicios morales que presenciamos todos los días con los abusos sobre las acciones constitucionales está la triste penetración de la idea de que la Constitución, las leyes y los abogados se prestan para todo; que no hay problema con la ilicitud de las pretensiones pues para eso están las normas y los abogados.

La adicción a la estupidez de algunos se va contagiando poco a poco. Hay una lógica perversa que se va construyendo: si ciertas autoridades están dispuestas a todo, entonces por qué no el ciudadano común se puede enriquecer sobre la base de actividades ilícitas, el estudiante cometer fraude en sus exámenes, vender drogas, etc. Parece que no nos damos cuenta del alcance e impacto de los abusos en contra de la Constitución y las leyes. Las perversidades abundan en este Ecuador. Es tan nefasta la persecución política judicial en contra de personajes de derecha como de izquierda, de ciudadanos comunes como de acaudalados. Presionar el pronto despacho de los juicios de casación para que un ciudadano tenga la condición de condenado en situación de cosa juzgada es algo lamentable y despreciable; presentar juicios por todos lados para ver en cuál nos juega la lotería es una acción condenable. La Corte Constitucional debe ponerle freno a la presentación de demandas constitucionales como lluvia utilizando diversos actores para violar la prohibición legal. Es cuestión de que tome la decisión de hacerlo. Argumentos para frenar este abuso del derecho existen muchos. En mi opinión no es imprescindible que estos frenos se desarrollen con ocasión de un juicio concreto. El presidente de la Corte es un experto en argumentación jurídica y seguro podrá desarrollar una iniciativa así. (O)