En Italia, los parlamentarios desafiaron a la ministra de la Juventud, Fabiana Dadone, ante la actual crisis social, debido al incremento en el consumo de sustancias psicoactivas (SPA); donde hay una muerte al día por sobredosis, con un aumento del 36 % en los últimos años.

Si en Italia la situación es crítica, en Ecuador es alarmante: hay 400.000 personas que esperan ser atendidas por el sistema de salud, que carece de la infraestructura y de recursos.

Desde el año 2008, cuando nadie pensaba que las drogas podrían ser un problema en nuestro país, se advertía a las autoridades de un inminente deterioro del contexto social debido al aumento exponencial del consumo de SPA. Las consecuencias las vemos hoy.

Entendamos al narcotráfico como una pirámide: en la cúspide están los cabecillas, seguidos de los brokers, intermediarios, vendedores; y en la base, los campesinos; pero en ninguna parte de esta se encuentran los consumidores. Sin embargo, cuando se declara la guerra a las drogas se lo hace contra el consumidor, liberando una ofensiva contra el enfermo y no contra todo el aparataje mencionado.

Al identificar al adicto como el objetivo, se deja de lado entender y atender esta problemática desde la raíz, se tiene que dejar de crear políticas públicas de reducción de daños y empezar a desarrollar políticas de prevención del daño.

Se debe incorporar a la ley de salud mental el tratamiento obligatorio, como existe en otros países, donde las familias tendrán la responsabilidad de señalar el caso a las autoridades para que emitan orden de tratamiento obligatorio. Esto implica que, de incumplir, podrán imponérsele sanciones o hasta ordenarse su arresto.

En los últimos años ha bajado la edad de inicio en el consumo de SPA, siendo la media los 10 años. Se necesitan con urgencia y obligatoriedad programas de prevención en las instituciones educativas, que tengan como finalidad aumentar la percepción del riesgo al consumo de drogas y evitar los grandes daños en el desarrollo neuronal y de la personalidad de los menores, destinados a convertirse en los futuros marginados y desadaptados de la sociedad.

En las grandes ciudades, donde el problema es más grave, las autoridades ofrecen soluciones millonarias en infraestructura sin cambiar el enfoque de atención. Se habla de números de pacientes atendidos cuando la medición del impacto se realiza después de al menos tres años cuantificando los que se recuperaron y se reinsertaron a la sociedad. Sin embargo, cuando el proceso es deficiente se culpa al adicto de la recaída en vez de reconocer que la metodología es incorrecta.

“La droga no se derrota con la droga”, mencionó el papa Francisco en la Conferencia para el Control de Droga (CICD), donde rechazó los tratamientos de desintoxicación que utilizan drogas sustitutivas con efectos de patologías duales y adicción secundaria. El Gobierno está obligado a atender esta problemática en alianza con sectores privados, buscando otros modelos de atención y regulando los centros privados para elevar su calidad y efectividad, así evitar las permanentes recaídas. Este problema de salud merece igual atención del COVID y no de intervenciones que maquillan los cambios para que todo siga igual. (O)