En un escenario de urgencia económica y reducción constante de ingresos, cuidar la capacidad adquisitiva del ciudadano es una necesidad y obligación en una democracia económica. Esta relación entre sociedad, consumo y bienestar plantea el desafío de ejercer una ciudadanía del consumidor, un acto cívico consciente del valor social que representa el consumo responsable en el crecimiento sostenible.

El consumidor es el impulso vital en la economía social de mercado; su participación, a través de sus decisiones de consumo, estimula los principios fundamentales de la libertad, la dignidad, la igualdad y la solidaridad. Principios que deben ser respetados, protegidos, garantizados y promovidos durante el desenvolvimiento del consumidor como agente dinámico del mercado y el sistema productivo, tanto desde el ejercicio de sus derechos como desde la responsabilidad ante sus deberes. Un consumidor consciente de sus deberes y derechos, a partir de su autonomía personal, hace del consumo un acto económico enfocado en su satisfacción individual, pero también un acto moral para el bienestar social.

El consumo responsable influye de manera directa en el proceso de producción y comercialización de bienes y servicios; donde la decisión de compra está determinada por estándares sociales, ambientales y económicos. Desde la dimensión social: el consumidor protege el trabajo digno, inclusivo y equitativo en la cadena de producción. Desde la dimensión ambiental: exige respeto, reflejado en la huella de carbono del proceso productivo y el ciclo de vida del producto o servicio. Desde la dimensión económica: promueve lealtad al esfuerzo productivo local reflejado en precios justos. Trabajo digno, huella de carbono y comercio justo son indicadores para una inversión acertada en la productividad de alto valor social que crea riqueza sostenible.

Contrario al consumo responsable es el consumo ilícito, resultado del contrabando, el fraude, la defraudación aduanera, la falsificación y la piratería que caracterizan a la dinámica de la economía informal, del comercio ilegal. Delitos económicos que van de la mano con la corrupción, que tienen un impacto directo en la pérdida de empleos, la producción, la distorsión de los mercados, los bajos ingresos tributarios, los altos riesgos sanitarios, ambientales, de propiedad intelectual, entre otros. La clara debilidad, o falta de una verdadera voluntad política, del Estado en el control del comercio ilícito expone a la ciudadanía a transgredir, a través del consumo, su conciencia crítica, ética y solidaria en un economía que reclama con urgencia salir de la informalidad y fortalecerse desde la formalidad, para garantizar la capacidad adquisitiva de la sociedad.

Vivir la ciudadanía a través del consumo puede recompensar modelos productivos y comerciales rentables, justos y responsables, que respondan a los legítimos intereses sociales; y reclaman una participación activa de la sociedad, que construya una experiencia cívica del consumo para el bienestar. Un consumo transformador que exige estándares fundamentales para ejercer ciudadanía, hacer empresa y ser Estado. (O)