Una vez más, la legislatura ecuatoriana ha demostrado una suprema debilidad institucional. Lo primero que debe señalarse es que el Ejecutivo está en lo correcto al dar por aprobado su proyecto de ley. El error garrafal que cometió la oposición fue que, para variar, ignoró la Constitución –que es la única norma a la que hay que consultar para saber si una ley ha sido o no válidamente aprobada–. Una cosa es que no existan votos para aprobar el o los informes de la respectiva comisión, pero otra cosa es que el proyecto de ley como tal sea rechazado. La Constitución no habla de informes. Solo habla de proyectos de ley que deben aprobarse (con o sin reformas cuando es el Ejecutivo el que los envía) o simplemente negarse. No aprobar un informe no implica rechazar el proyecto de ley, pues los informes de una comisión no pueden secuestrar la potestad legislativa. Es increíble que algo tan esencial no haya sido entendido por nuestros asambleístas. Una ley secundaria no es la llamada a establecer condiciones para la validez de una ley del mismo rango. Vale recordar aquí la diferencia elaborada por el profesor H. L. A. Hart sobre normas primarias y secundarias de reconocimiento.

Así pues, el proyecto legislativo que con carácter urgente fuera enviado por el Ejecutivo terminó siendo aprobado por el ministerio de la ley. El Ejecutivo obtuvo un resultado prácticamente desconocido en la historia ecuatoriana: que un proyecto de ley de iniciativa presidencial termine siendo promulgado en el Registro Oficial tal como fue enviado, sin una coma de más o de menos. Y si bien el Ejecutivo tiene justificadas razones para estar satisfecho por lo sucedido la semana pasada, el hecho debe llamarnos a reflexión, pues pone de relieve la crisis que atraviesa el Poder Legislativo en el Ecuador. Es cierto que las legislaturas en el mundo sufren de serios problemas de eficiencia, legitimidad y transparencia. Ellas han ido cediendo ante el Ejecutivo. Pero en el Ecuador las dimensiones de estos problemas son asombrosos pese a los esfuerzos de unos pocos legisladores. En general, parecería que nuestro Poder Legislativo está allí como para hacernos creer que vivimos en democracia. Nada más.

Ahora bien, otra cosa es si ese error garrafal respondió a algún acuerdo con una de las bancadas de oposición, como algunos sostienen. En países relativamente normales este tipo de acuerdo se materializa en fórmulas legislativas o en políticas públicas. Por ejemplo, si el Ejecutivo busca incrementar la carga tributaria, la oposición propone reglas que condicionan ese incremento a una reducción del gasto público o a un nivel de crecimiento económico. A cambio de una ley de corte liberal se negocian ciertas políticas de corte social. Y así por el estilo. Pero ese tipo de negociación es desconocida en el Ecuador. Nuestra cultura política no conoce sino la sintaxis del chantaje tal como lo hicieron en el pasado los que hoy se rasgan las vestiduras.

Por ahora sabemos que el Ejecutivo ha logrado uno de sus objetivos claves. Veamos ahora los capítulos que se vienen. Pero esto no debe distraernos sobre un problema más profundo, como es la seria crisis que atraviesa nuestro obsoleto y poco transparente Poder Legislativo, y el daño que le causa a la democracia y al desarrollo económico. (O)