Quizás quienes tienen memoria del último lustro de la década de los 80 o algún fanático de las series de narcos o alguien que le interese la historia recordará a Los extraditables. Era un grupo de delincuentes, las cabezas –o como los llamaban sus seguidores “los señores”, “los patrones”– de los carteles colombianos de esos años, que desataron una guerra feroz contra el Estado cuando se planteó su extradición, especialmente hacia Estados Unidos, bajo acusaciones de narcotráfico, asesinatos, entre otros delitos. Fue muy dura esa etapa en Colombia, por los continuos y espantosos actos de violencia auspiciados por los “señores de las drogas”. Y quienes más sufrieron fueron los que quedaron en el medio de esa confrontación: los ciudadanos, muchos de quienes trataban de llevar una vida apegada a las leyes y en paz.

Sí, maduremos

Pese al tiempo transcurrido y la ejecución del Plan Colombia (que duró 15 años), Estados Unidos no ha hecho mayores variaciones a su política internacional de lucha (o guerra) contra las drogas en América Latina. En simple: se plantea como un problema de los países productores que deben solucionarlo al costo que sea (Ecuador no es productor, pero sí procesador, centro de almacenamiento y uno de los principales distribuidores de cocaína). Eso sí, Estados Unidos puede dar apoyo económico, entretenimiento, tecnología, información, pero cada país hace el baño de sangre del tamaño que le salga.

La propuesta del presidente Lasso, que en la primera pregunta plantea la extradición de ecuatorianos a otros países para ser juzgados, está evidentemente marcada –como lo señala en su argumentación– por el tema del narcotráfico y del tráfico de armas –aunque en el documento también habla de trata de personas, crímenes contra el medioambiente, contra los recursos no renovables, entre otros–, pero no se la ve anclada a una política integral. O, si lo está, todavía no está lo suficientemente difundida.

Ecuatoriano interceptado en Colombia fue extraditado a Estados Unidos y recibe condena de 16 años de cárcel

Esa pregunta, no obstante, provoca otras interrogantes: ¿cuántos ecuatorianos están bajo esas acusaciones?, hay grupos con características de carteles y megabandas en el país, ¿están sus líderes buscados en otros países?, ¿quiénes son?, ¿están ya ubicados?, ¿en dónde?, ¿desde hace cuánto?, ¿por qué no se los ha procesado aún?, ¿es esta una medida preventiva o de presión para lograr que baje la actual violencia pese a que líderes de las bandas han dicho no a la extradición? Hay que insistir que, más allá del debate que se está desatando por esta pregunta, mientras el Ecuador, como Estado, no impulse el desarrollo, asociado a la educación, la salud, la vivienda y el trabajo para su gente, todo será paños de agua tibia.

Al país le hace falta esa respuesta, pero también trabajar en la ética y la moral pública, en una justicia eficiente, que no permita la impunidad.

Los carteles en Ecuador se pelean el control de rutas, puertos, cárceles y justicia, asegura Michael Fitzpatrick, embajador de EE. UU.

Mientras menos atendamos estos grandes desafíos internos, más difícil será salir del lío en el que estamos. Una vez más, nadie ha dicho que la salida es de corto plazo. Meternos en el problema tomó años, salirse tomará décadas, pero no se puede seguir perdiendo el tiempo. Es un esfuerzo nacional, si se quiere dejar un país viable a las futuras generaciones. (O)