Tal parece que ha comenzado la carrera para asaltar nuevamente la Corte Nacional y con ella el Poder Judicial. Desde el retorno a la democracia en 1979, los altos tribunales de justicia han sido uno de los platos favoritos, o quizás el plato favorito de buena parte de la clase política.

Desde los patriarcas de la componenda y los tanques de guerra rodeando al Palacio de Justicia hasta la llamada Pichi Corte y la metida de mano de la justicia del capo di tutti capi, pasando por un sinnúmero de mecanismos, sistemas y fórmulas, comisiones internacionales y el consabido “por esta sola vez”, lo cierto es que los grupos de poder político han manoseado, digerido y ensuciado al sistema judicial de la manera más hipócrita y cínica. Unas veces para perseguir a sus opositores, otras para cubrirse las espaldas, otras para anular sentencias y otras como simple reparto burocrático.

Gente que no ha llegado al poder por las vías democráticas termina gobernando parapetada en los juzgados y tribunales. Desde allí tumban ministros, tumban presidentes, liberan a prófugos, santifican al delito y hunden a los disidentes. Y por encima de todo se han llenado los bolsillos a base del chantaje y la extorsión. Una máquina de corrupción a la que se han prestado abogados, que lejos de ser defensores de la ley y el derecho han traicionado a ambos. Una vergüenza más para nuestras universidades.

Esta vez se trata de ver cómo al capo de la mafia responsable por la quiebra económica y ética del país, y que se pasea en avión particular por el mundo, se le anulan las sentencias, autos e investigaciones penales que sobre él han recaído, y cómo se lo exonera de pagar los millones de dólares por los daños causados.

Como la vía del indulto o la amnistía está cerrada por la propia Constitución de Montecristi, la vía que queda abierta es únicamente la del asalto a la Corte Nacional. Una estrategia que deberá culminar en un auto de nulidad o en algo parecido para lo cual probablemente ya tengan preparado el borrador en un pendrive para que el verdugo de la jus que escojan se limite a transcribirlo y firmarlo, tal como ya lo han hecho desde los dorados años del cortijo hasta épocas más recientes.

Un asalto a la Corte Nacional, y en particular a la presidencia de dicha corporación, conllevará necesariamente una ruptura del sistema constitucional; ruptura que, aunque solapada, no deja de ser tal. No pueden entonces los otros poderes del Estado mirar indiferentes esa ruptura. No basta con decir que la justicia es independiente y que se respetarán sus decisiones, si ello significa hacerse de la vista gorda de dicha ruptura constitucional.

El que los poderes sean independientes en una democracia no significa mirar a otro lado mientras la corrupción aniquila a las instituciones. Es más, lo que esta inacción implica ser parte de la misma. El país de la honestidad que derrotó en las urnas con una clara mayoría a una mafia de ladrones que se enriquecieron a costa de nuestro futuro no va a permitir semejante asalto. Ya se lo ha intentado en ocasiones anteriores y el resultado ha sido precipitar al Ecuador al abismo de la ingobernabilidad. En esta lucha es donde el país va a encontrarse. (O)