La crisis permanente del CPCCS es una de las manifestaciones del pésimo estado de nuestra democracia. Es un organismo que está de más en la estructura de una sociedad que aspira a ser gobernada por personas de bien. Varios de sus consejeros han dado muestras de que no fueron dignos de ser parte de un organismo que, por otra parte, ha resultado un engendro creado en la Constitución vigente para dominar los organismos de control del Estado, como la Contraloría y las Superintendencias. Lo peor es que le quitó al Congreso nacional la facultad de elegir a dichas autoridades.

Viendo cómo son muchos de los integrantes de la Asamblea, parece que tampoco sus decisiones serían mejores, porque la mayoría no son ejemplo de legisladores. Si alguien quisiera robar, que pida consejo para hacerlo bien, nada menos que en el recinto de las leyes donde están los representantes del pueblo. Por otra parte, el mencionado Consejo nos enseña cómo abusar de los recursos creados para afianzar los derechos de las personas. Sentencias contradictorias de jueces ponen en evidencia los defectos del sistema: cualquier juez impreparado o venal puede ejercer la jurisdicción protectora que debería ser sagrada. Siempre se ha dicho que no cualquiera puede ser juez, porque al conocimiento de las leyes debe añadir la probidad con una alta formación ética.

Dos de las más altas funciones del Estado sufren de una enfermedad peor que la COVID-19, felizmente no la sufren todos sus integrantes, porque también hay legisladores serios y jueces y fiscales honestos. Si no fuera por ellos, la enfermedad sería terminal.

Asusta ver las noticias: la prensa, la televisión, la radio destilan muertes, asesinatos y obras nefastas de seres humanos. La naturaleza desborda los ríos, se lanza contra obras construidas donde no debieron, sufren los más pobres, en todas las regiones del país. De los accidentes naturales no son responsables los seres humanos, pero sí son quienes en ejercicio de sus funciones debieron prevenir los desfogues del agua que, por ejemplo, siempre vuelve a donde algún día fluyó.

Las gentes claman contra el Gobierno, porque esperan que el Gobierno solucione todo. No puede. No puede contra la estupidez de los ignorantes y pillos que usurpan las funciones de legisladores o de jueces. No puede detener o desviar las lluvias torrenciales ni anticiparse a los terremotos o las erupciones de los volcanes. Todo lo que puede hacer es ayudar con el dinero público a quienes son tocados por la tragedia.

Lo que sí pueden y deben hacer los gobernantes, todos en sus espacios de poder, es consultarle al pueblo si está conforme con la Constitución actual, madre de muchos desastres, y atacar la enfermedad en sus orígenes, uno de los cuales es la ley fundamental. El otro, el de las personas que ejercen el poder, se puede corregir con el tiempo, tal vez en venideras generaciones que practiquen la honradez y la verdad. Hay que empezar ahora con la formación de los maestros, de los primeros profesores que son los padres de familia. Hace falta una campaña cívica, que enseñe los valores, que nos aliente a saber que, de todas maneras, somos redimibles. (O)