Parecería que el Gobierno, después de muchos pasos inciertos, dubitativos, ha llegado a la comprensión de que la delincuencia organizada, y su principal sostén, el narcotráfico, es su enemiga, y que no puede ser afrontada con noveles funcionarios que vienen a aprender en sus cargos la compleja tarea de la seguridad nacional.

Decía, hace apenas quince días, que la delincuencia va ganando, que avanza en su marcha triunfal, sin que se adopten las medidas necesarias para impedirlo. Hoy, el país recobra la esperanza al ver que se ha pedido la cooperación de dos experimentados generales del Ejército, Paco Moncayo y Wagner Bravo, para enfrentar esta terrible amenaza; pero la sola designación de ellos no será suficiente, si no viene aparejada con la adopción de una política de seguridad nacional, diseñada por estos prestigiosos militares, triunfadores en la guerra del Cenepa, y sin que la población recupere la fe y apoye esa política prescindiendo de ideologías. Es decir, hace falta una política de Estado. Si no hubiera una política así, y los ahora designados fracasaran, o renunciaran por no sentirse plenamente respaldados, las consecuencias serían terribles en lo moral y en lo práctico. Ya nadie con prestigio reconocido querría asumir esas responsabilidades.

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Simultáneamente, el más alto organismo de la seguridad nacional, el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Consepe), acaba de calificar como terroristas a todas las personas y organizaciones criminales, en general, sin individualizarlas. Es decir, entramos en una guerra sin cuartel y con el empleo de armas letales. En el Consepe están representadas todas las funciones del Estado, por lo que esta resolución debe considerarse una política de Estado, de largo plazo, que deberá permanecer indefinidamente en el tiempo, mientras no sea revocada, modificada, sin importar los eventuales cambios políticos de gobiernos, legislaturas, Cortes de Justicia, etc. Esta política de Estado significará la participación de las Fuerzas Armadas, lo que seguramente se hará con sumo cuidado para evitar la contaminación que pretenderán hacer los carteles de la droga.

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Las políticas que se adopten en el interior del país dependerán para su ejecución de la política contra las drogas adoptada por los Estados Unidos, por Nixon, en 1971, y que se mantiene, aunque ha fracasado rotundamente; irónicamente, ha fracasado donde se aplicó el Plan Colombia, a pesar de que allí existen siete bases militares, y, sin embargo, la producción de la droga se ha duplicado, y sigue siendo el principal exportador de droga en el mundo, lo que, por derivada, le ha convertido al Ecuador en uno de los principales exportadores de droga en el Pacífico y el Atlántico. Cuando nos informan de que ha aumentado la cantidad de toneladas de droga incautada, eso solo significa que ha aumentado nuestra participación en este sucio mercado.

Esta es una guerra que debemos coordinarla con los países vecinos; especialmente con Colombia y México. Debe pensarse en la legalización mundial de la droga. La represión sola no ha funcionado, hacen falta nuevas políticas. (O)