El ex primer ministro japonés Shinzo Abe, que ejerció entre 2012 y 2020 y seguía siendo el político más influyente en su país, fue asesinado a tiros por la espalda durante un mitin, el pasado 8 de julio. El atacante usó un arma de fabricación casera. El crimen asombra porque Japón tiene uno de los niveles más bajos de violencia del mundo.

Hace un año, Haití se conmocionó con la noticia de que su presidente, Jovenel Moïse, fue asesinado en su casa por un comando armado. Hay varios detenidos, se realizaron actos recordatorios, pero la justicia no da muestras de avanzar, según lo ha manifestado la vicepresidenta, María Lucía Ramírez, quien sostiene que no hay garantía de que haya alguna claridad sobre qué otras responsabilidades se están buscando por parte de las autoridades haitianas.

Y para no abundar en detalles, menciono en general los ataques armados en varios países, por gente desequilibrada que sale a disparar contra ciudadanos comunes, ya sea en un supermercado, en un desfile o en una escuela.

En Ecuador, se amontonan los intentos de desestabilización. El más reciente escándalo es la denuncia de hackeo de las cuentas de cuatro asambleístas que denunciaron que fue alterado su voto, en la sesión del pleno de la Asamblea Nacional, en favor de la moción, impulsada por el correísmo, de destituir al presidente de la República, Guillermo Lasso.

En lo cotidiano, las acciones contrarias a la ley también afectan a los ciudadanos que no se interesan por los temas macro. Ayer en la madrugada, la detonación de un taco de dinamita dañó la puerta de un local comercial en un barrio de Guayaquil. Presumiblemente obedece a un “mensaje” de índole extorsivo para quienes no acceden a pagar la “vacuna”, modalidad que pequeñas mafias están imponiendo a dueños de negocios para darles “protección” y no atacarlos.

Y qué decir de los cientos de ataques violentos, con cometimiento de delitos, que protagonizaron ecuatorianos mestizos-indígenas contra ecuatorianos llanamente mestizos, para forzar al Gobierno a sentarse en mesas de ‘diálogo’ y poner por escrito cómo va a programar el cumplimiento de las exigencias de su movimiento. Con el precio de los combustibles como punta de lanza, el tema que urge es la condonación de deudas. El endeudado ciudadano común no tendrá esa oportunidad.

Si se piensa en la motivación y las consecuencias de los hechos listados, cabe preguntarse, ¿cuál es el mensaje que subyace en esa cantidad de actos sobre los que quizás no brille la justicia?, ¿cuál es el mensaje que terminan asimilando las sociedades?, esas sociedades que cada vez quieren más acción y resultados al instante, con el menor esfuerzo posible.

Cabe que la ciudadanía haga, como ejercicio cotidiano, las distinciones indispensables para que no toleremos –adormecidos o con pose de comprensivos– las acciones perniciosas que se van multiplicando. Hechos violentos, reñidos con la ley, no deben ser admitidos; las sociedades han construido un ordenamiento jurídico para la convivencia pacífica y este debe prevalecer sobre los violentos, quienes deben asumir –con igualdad ante la ley– la responsabilidad de sus acciones. (O)