Que instauraría un gobierno comunista dijeron “El insolente recadero de la oligarquía” y sus pares. Se referían a Jaime Roldós, quien, pese a la campaña sucia en su contra, ganó la presidencia de la república.

Roldós tuvo una doble faz. Defendió la soberanía nacional frente al abuso de Estados Unidos de América, que tomó represalias contra el país por la captura de barcos atuneros piratas en nuestro mar territorial o suspendiendo el permiso de operación del Instituto Lingüístico de Verano, para preservar las culturas vernáculas.

En el ámbito internacional, fue un preclaro paladín de la democracia y los derechos humanos, condenando con otros gobiernos a regímenes de facto violadores de tales derechos e individualmente a otros. No asistió a la posesión del presidente Reagan, enemigo declarado de los derechos humanos.

En Ecuador fue distinto. Empezó bien, aprobando leyes dictadas por el Parlamento, como la derogatoria de los decretos de la fenecida dictadura militar, que limitaban o anulaban el derecho de huelga, penalizando con prisión a los dirigentes nacionales y provinciales. Se restituyó la personalidad jurídica a la UNE –que el gobierno de Correa se la volvió a quitar–, la CEDOC y la FESE. Promulgó la ley de las 40 horas semanales de labores, que años atrás los trabajadores demandaban, establecida por la OIT en 1935 y a la que se opusieron las Cámaras de Agricultura, Industrias y Comercio. Otras medidas legislativas que aprobó fueron el aumento de la remuneración mínima, congelar los precios de los productos de primera necesidad, la jubilación de la mujer a los 25 años de trabajo. El ejecutivo creó el importante Seguro Social Campesino. Bajo auspicio del presidente Roldós nació la Asociación Latinoamericana para la Defensa de los Derechos Humanos.

Pronto vino el desengaño. El Gobierno dice que el IESS carece de dinero para la jubilación femenina. Contrariando la ley, se elevan los precios de varios productos y servicios básicos y no se cumplen los aumentos de las retribuciones. Tienen lugar las huelgas laborales y de campesinos, las manifestaciones populares y se responde con violencia, negando derechos. La Policía Nacional mata a dos estudiantes y el ministro de Gobierno, Roberto Dunn, declara que el primero murió “por enfrentamiento entre extremistas”, lo que desmiente un video. Se usa la Ley de Seguridad Nacional, reprochada por el pueblo y la Conferencia Episcopal, para reprimir las huelgas, que, numerosas, no se solucionan. Los trabajadores exigen estatizaciones: del transporte público después del alza de pasajes, de la banca, del comercio. Se lanza un Plan Nacional de Desarrollo que apoyan los empresarios y rechazan otros sectores ciudadanos. Cunde la pobreza, grandes necesidades de salud, educación, agua potable, alcantarillado.

A los dos años de su elección, Roldós declaró que había dificultades para concretar el cambio ofrecido. Terminó siendo un rehén de los poderes fácticos quien obró estupendamente hacia afuera. Había empezado, involuntariamente, a desbrozar el campo para que en 1984 adviniera un régimen que cometió atroces violaciones a los derechos humanos. (O)