El cabo Santiago Olmedo, de nuestra Policía Nacional, acaba de ser condenado a tres años y cuatro meses de prisión por “uso extralimitado de la fuerza en un acto de servicio”. Hace siete meses, en Riobamba, Santiago disparó y mató a dos delincuentes que asaltaban con cuchillos a un adolescente, mientras un tercero escapó. Supongo que para salvar la vida del joven, cumplir con su deber, y al mismo tiempo evitar esta condena, el policía debió abstenerse de usar su pistola de dotación y enfrentar a los criminales a mano limpia, someterlos usando técnicas de artes marciales sin tocar órganos vitales ni causarles heridas graves, esposarlos y leerles sus derechos… como en las películas. ¡Qué ridículo! ¿Y ahora quién podrá defendernos de una delincuencia epidémica, que no se atiene al “uso progresivo de la fuerza” en sus acciones?

Como lo señalé hace años en esta columna, el Ecuador debe ser el único país del mundo en el que los derechos de los delincuentes se respetan mejor que los de sus víctimas y que los de los policías que valientemente los enfrentan en inferioridad de condiciones, con armamento de alcance menor, y cuyas municiones deben pagar. Los criminales tienen todas las de ganar en esta república, poseen rifles y ametralladoras de última generación, ejercen en un país donde los organismos de justicia proliferan y se contradicen entre sí, infestados de jueces y abogados venales que prosperan y se multiplican, con una población aterrorizada que prefiere no denunciar y se resigna a perder, porque sabe que si lo hace, enfrentará un largo proceso de revictimización sin ninguna perspectiva de éxito y porque se expone a la venganza de los delincuentes impunes y sus cómplices.

No hay cifras al respecto, pero la delincuencia organizada debe ser la “empresa” de mayor crecimiento y mejores utilidades en los últimos años, en esta tierra de nadie. Supongo que en estas condiciones, la carrera de policía debe ser la más peligrosa, peor pagada y frustrante en el Ecuador. Eso es lo que debe estar pensando el policía Marco Parra, quien yace en un hospital de Quito luchando por su vida después de enfrentar a tiros a dos delincuentes armados que asaltaron un restaurante hace pocas semanas, abatiendo a uno de ellos. Si sobrevive, Marco afrontará un juicio y una condena como la de su colega. En cambio, Daniel Laaz ya no tiene alternativa: fue acribillado esta semana cuando intentó impedir un asalto en Guayaquil. No me extraña que algunos policías se abstengan de intervenir si saben que además de exponer su vida perderán su carrera y su libertad. No lo justifico, pero tampoco me extraña que algunas comunidades quemen ladrones. O que en Guayaquil quieran permitir, con regulaciones, la posesión y porte de armas a los ciudadanos. Estamos de vuelta en la Edad Media o en el lejano oeste de las películas.

Ecuador, el erial del “como si”, donde la justicia es simulación, la autoridad es pantomima y la seguridad es un chiste. Si el presidente Lasso está ‘indignado’ por la condena al cabo Olmedo, ya somos al menos dos. ¿Cuántos indignados más en este país? ¿Qué va a hacer el presidente de la República respecto a esto? (O)