En el 2020, producto de la ralentización de la economía y del devastador efecto de la crisis sanitaria mundial, el PIB del Ecuador se desplomó en -7,8 %, escenario desolador que aún no ha podido ser superado, pues si consideramos el efecto ‘rebote’ del producto interno bruto del 4,2 % (2021) y del proyectado 2,7 % (2022), recién en el 2023 se podrá cubrir esa brecha que desnudó a un Estado que ha sido incapaz de dar respuestas oportunas y eficientes a las necesidades de una población que vio cómo se deterioraron –en general– los indicadores económicos y sociales, retrocediendo incluso en una década en términos de desarrollo humano medido por nivel de ingresos y de acceso a la salud y educación, lo cual se tradujo en mayor pobreza y agudización de la desigualdad en el país, conforme lo advierte la propia ONU.

Lamentablemente, las estimaciones que hace la Comisión Económica para América Latina y otros organismos internacionales, en cuanto a la evolución que tendrá la economía nacional son poco alentadoras, al proyectar un 2 % de crecimiento del PIB para 2023 (Cepal), guarismo menor al previsto por el Banco Central que lo ubica en 3,1 % o del 2,7 % determinado por el FMI, lo que, en cualquier caso, implicaría una debilidad en el propósito de generar condiciones suficientes que le permitan crecer sostenidamente, condición esencial esta última para procurar dinamizar el aparato productivo y mejorar la estructura del mercado laboral.

Resulta claro que si el PIB continúa reportando variaciones apenas moderadas, difícilmente la tasa de empleo adecuado, que llega al 35,6 %, podrá mejorar en contrapartida para ese 64,4 % de ecuatorianos que hoy están en el subempleo, otras formas de empleo no pleno, no remunerado o en el desempleo abierto y que, en muchos casos, producto de la desesperación y el desaliento, le apuestan a la migración irregular como una opción ante la crisis y el olvido estatal.

... Estado, la empresa privada y la sociedad civil son elementos complementarios en la construcción de una sociedad libre...

Están alimentando a esos ríos de seres humanos desesperanzados, sobre todo, la gente humilde del campo, en donde el empleo pleno apenas llega al 17,5 % y la pobreza atrapa en sus tentáculos al 42,9 % de ese segmento poblacional. Igualmente están en absoluta desventaja las mujeres –también migrantes– quienes tienen acceso a un empleo adecuado en el 27,6 %, cifra menor a lo registrado en el caso de los hombres, donde el número asciende al 41,3 %.

De ahí la importancia de reconocer el papel fundamental que juega el Estado en la regulación de la economía y en la corrección de la desigualdad social, través de la legislación y la implementación de política pública que permita redistribuir, con sentido social, los recursos disponibles. Aquí llama la atención que en la proforma presupuestaria 2023, que quedó finalmente sin modificaciones de su versión inicial, apenas se destine de su total el 5,94 % para el Plan Anual de Inversiones.

No hay que perder la perspectiva de que el Estado, la empresa privada y la sociedad civil son elementos complementarios en la construcción de una sociedad libre, justa y solidaria. En uno y otro caso, hay que dejar de ver fantasmas donde no los hay. Ese quizá es el gran desafío del nuevo año. (O)