Se entiende que la administración del presidente Guillermo Lasso está aplicando una política económica neoclásica, basándose principalmente en las fuerzas del mercado, como mecanismo para la asignación de recursos en la economía. Adscribiéndose a estos preceptos, las medidas en el ámbito económico tienen como objetivo la reducción del tamaño del Estado, la disminución de los impuestos, y un énfasis en el sector privado como motor del crecimiento.

Sin embargo, incluso en la teoría económica neoclásica se reconoce que existen ‘fallas de mercado’. Es decir, existen casos específicos en los cuales las fuerzas del mercado dan un resultado negativo y que, por lo tanto, requieren la intervención del Estado. Un caso clásico de ‘falla de mercado’ son los monopolios, y más específicamente los monopolios naturales.

Los casos más notables de monopolios naturales son los servicios públicos: el agua, la electricidad y la telefonía.

Este escenario estaría congruente con la creación de un gobierno más pequeño, ágil...

En estos casos es a veces imposible evitar (y es hasta incluso deseable) que una sola compañía domine el mercado. La ilustración más frecuente en los libros de texto es la de un pueblo alejado que necesita agua potable. Si un emprendedor privado cubre esta necesidad, el pueblo es tan pequeño que ya no habría espacio para que otra compañía intervenga. Por lo tanto, la primera empresa se queda en una posición de dominio y queda en libertad, si así lo desea, de restringir los servicios y cobrar precios indebidamente altos, dando como resultado una situación ineficiente e inequitativa.

Investigación sobre presunta corrupción en las empresas públicas tendrá dos miradas políticas distintas

Malas decisiones en empresas pública

Para evitar que un monopolio natural abuse de su posición de dominio no es necesario que el Estado sea el propietario de los servicios públicos, como en el Ecuador. Pero eso sí, si estuvieran en manos del sector privado tendrían que operar dentro de un marco regulatorio manejado por el Estado, para impedir que abusen de su posición de dominio.

Un caso ilustrativo de ente regulador es el del Florida Public Service Commission (FPSC), que regula los servicios públicos del estado de Florida. Como es de esperarse en los Estados Unidos, todos los servicios están en manos de compañías privadas, pero el FPSC tiene amplios poderes en cuanto a las tarifas y a las cantidades producidas de los servicios. Curiosamente, el FPSC no deriva del Poder Ejecutivo, sino más bien del Legislativo, y es por ello que las reuniones más se asemejan a un juicio. Las compañías privadas se aproximan al FPSC con una solicitud de rate increase (aumento de tarifas), y un juzgado de comisionados dirime y determina si el aumento está justificado. A veces el FPSC pone como condición un aumento de la cobertura, a cambio de un aumento de las tarifas.

En vista de los recientes casos de corrupción en las empresas estatales encargadas de los servicios públicos, es más bien oportuno imaginarse un nuevo rol del Estado en el cual no sea propietario, sino más bien regulador de dichos servicios. En este nuevo escenario las empresas públicas estarían en manos del sector privado, pero inevitablemente tendrían que estar sujetas a un marco regulatorio manejado por el Estado. Este escenario estaría congruente con la creación de un gobierno más pequeño, ágil y mucho mejor capacitado. (O)