Esta es la realidad. La masacre en la cárcel del Litoral, que es la principal noticia de todos los noticiarios del mundo, es espantosa, pero tiene raíces muy hondas, que deben identificarse para poder combatirlas. Pero, ¿cómo combatirlas en medio de una situación política que busca desestabilizar al Gobierno y destituir al presidente en medio de los graves problemas que vivimos?

Una vez más, las matanzas en las cárceles nos tomaron desprevenidos; mientras la prefecta de la provincia en la que se desarrollaron los macabros acontecimientos ofrecía una recepción de gala en honor de un cuerpo de guardia de una potencia extranjera –suponemos que por algún señalado servicio a la provincia–, y a la que concurrieron todas las autoridades de la provincia, incluido el gobernador, y con la asistencia del presidente de la República, sucedía, no muy secretamente, la espantosa tragedia. Esto quiere decir que fallaron los servicios de Inteligencia. Las ministras de Gobierno, a cuyo cargo está la seguridad interna de la República, han declarado en los últimos tiempos, sobre todo en el de Moreno, que las cárceles son de responsabilidad de los directores de esos centros penitenciarios, no del Ministerio de Gobierno; en algo ha morigerado esto la actual ministra. La responsabilidad no es solamente del Ejecutivo; la Asamblea no ha dado paso a las reformas que permitan el uso progresivo de la fuerza en estos casos de violencia. Los delincuentes, en general, los presos, hacen de las suyas, se burlan de la autoridad, porque saben que ni Policía ni Ejército van a disparar. En las cárceles se vive un régimen de terror, que se extiende, ahora, a las ciudades –particularmente a Guayaquil–, donde continuamente se perpetran asesinatos, asaltos a mano armada; nadie puede caminar tranquilo por sus calles. Los jueces contribuyen a esta zozobra concediendo sospechosas libertades a jefes de las mafias. Siendo distinto el caso de los magistrados de la Corte Constitucional, pero que desalientan la lucha contra el crimen, cuando reducen, arbitrariamente, el tiempo de vigencia de los estados de excepción, asumiendo atribuciones que el artículo 166 de la Constitución se las concede a la Asamblea Nacional cuando dice “que si las circunstancias lo justifican, la Asamblea Nacional podrá revocar el decreto (el de excepción) en cualquier tiempo, sin perjuicio del pronunciamiento que sobre su constitucionalidad pueda realizar la Corte Constitucional”. También es un error de la CC el limitar la acción de las Fuerzas Armadas al exterior de los centros carcelarios. ¡Testigos de piedra!

El Ejecutivo ha reaccionado con energía, ha realizado cambios políticos, administrativos, ha dispuesto presencia militar y policial en la cárcel del Litoral, aunque limitando la acción de estas fuerzas “al control de accesos y del perímetro externo e interno” (no sabía que había perímetros internos). La lucha contra los carteles de la droga es muy difícil, porque mientras exista en los grandes mercados de consumo la prohibición de los estupefacientes, el precio será alto, el negocio redondo, y seguirá la producción en países como Colombia, y nosotros seguiremos siendo el corredor de paso a los mercados de consumo. ¡Pero todos debemos luchar contra el crimen! (O)