El presidente, en las pasadas fiestas decembrinas de la capital de la República, ha hecho un ofrecimiento público: se asignará de manera discrecional al Municipio de Quito la cantidad de 150 millones de dólares para seguir financiando al elefante blanco del metro, a costa de los impuestos que pagamos el resto de los ecuatorianos.

En lo que no ha reparado el presidente Lasso es que, de conformidad con el art. 273 de la Constitución, únicamente en casos de catástrofe se permiten asignaciones discrecionales no permanentes para los Gobiernos autónomos descentralizados. Hasta lo que sabemos, si bien el país vive actualmente en estado de excepción, no conocemos de ningún tipo de catástrofe que esté atravesando el país, y mucho menos la ciudad capital, como para que, violando la Constitución, se pretenda regalar a Quito tremenda cantidad de dinero. El expresidente Correa ya lo hizo, asumiendo el 50 % del costo de la construcción del metro de aquella época. Y seguramente lo que hizo fue también inconstitucional.

En este mismo orden de ideas es importante recordarle al Poder Ejecutivo que a los centros de diálisis se les adeuda más de un año de prestaciones dialíticas. Que siguen sin pagarse, a la mayoría de los restantes 220 municipios, los valores retenidos de IVA, así como las asignaciones mensuales que por mandato constitucional deben entregarse a los GAD provinciales, municipales y parroquiales. Dicho en otras palabras, ¿qué corona tiene el Municipio de Quito para que se le regalen ciento cincuenta millones de dólares más, en detrimento de doscientos veinte municipios, veinticuatro consejos provinciales y cientos de juntas parroquiales rurales, además de cárceles en el más completo abandono y desgobierno, así como de hospitales públicos y del IESS desabastecidos de medicinas e insumos médicos?

Lo anteriormente expuesto nos hace nuevamente preguntarnos si el mecanismo de distribución de los ingresos permanentes y no permanentes del presupuesto general del Estado debe seguir siendo manejado de forma discrecional por los Gobiernos de turno, como se ha venido haciendo desde que se aprobó la Constitución de Montecristi, así como si es el centralismo el sistema de organización político-administrativa que el Ecuador requiere para evitar las desigualdades e inequidades que claramente existen entre Quito y la periferia.

Creemos firmemente que ambas interrogantes deben contestarse negativamente.

Como hemos venido sosteniendo en esta columna desde hace más de una década, el federalismo —con un manejo ordenado, justo y equitativo de los ingresos permanentes y no permanentes del presupuesto general del Estado— pareciera ser el sistema más adecuado para conseguir que las regiones o provincias autónomas que se llegaren a conformar una vez reformada la Constitución puedan administrar sus propias rentas y recursos, y en tal virtud, regular, controlar y administrar sus competencias constitucionales y legales; sin dejar a un lado, obviamente, una fórmula de solidaridad que ayude a las regiones que fueren deficitarias en el momento de generar, gestionar y recaudar sus propios impuestos y recursos.

Por si acaso, el problema no son Quito o sus vecinos. Es la inequidad. (O)