Un juicio político al presidente de la República requiere de una irrebatible fundamentación constitucional. Reviste tal trascendencia política, jurídica y moral que afecta al Estado de derecho. Cualquier duda, por muy débil que sea, generará episodios de confrontaciones callejeras convulsionando al país, con desmanes como los de octubre y junio, que desde ya amenaza con reeditarlos el mismo terrorista de entonces, sin que el Estado de derecho haya hecho prevalecer su poder castigando al anarquista.

La severa crítica al dictamen de mayoría de la Corte Constitucional (CC), formulada por el expresidente de la Corte Interamericana, y de la misma CC, disintiendo acerca de la singular inferencia delictual, justificativa y limitativa al peculado presidencial invocada para su admisibilidad, con la que concuerdan destacados conocedores de la ciencia constitucional, podría restar confianza a la imparcialidad política del más alto tribunal de justicia del país.

Hay que tomar partido

Y si ensayamos la democracia...

Si bien la versada opinión del jurista auxilia jurídicamente a la defensa del presidente de la República, una vez iniciado el juicio político, y, aún sin culpa, de muy poco le servirá demostrar su inocencia ante el país. Su suerte dependería exclusivamente del voto político, revestido de la aparente juridicidad constitucional de 92 asambleístas revocándole un poder, que solo corresponde hacerlo a quienes se lo otorgaron. El presidente, ante esta eventual posibilidad, acatando el dictamen de la CC, ha manifestado su decisión de comparecer y exponer su defensa ante la Asamblea. Especialmente ante el país.

(...) la Asamblea tiene la desaprobación del 94 % de los ecuatorianos, ha sido despojada de la representatividad popular...

Concluida su intervención, podría superar el eventual voto asambleísta, confiado en que su inocencia haya calado en la ciudadanía, y acto seguido, renunciar, expidiendo el decreto de la muerte cruzada -de la que en ningún momento ha desistido- disolviendo la Asamblea en uso de su facultad constitucional. Se sometería tan solo al veredicto final que le conceda la opinión ciudadana, considerando que la Asamblea tiene la desaprobación del 94 % de los ecuatorianos, ha sido despojada de la representatividad popular y por lo tanto carece de la idoneidad moral, política y constitucional necesaria para continuar subsistiendo.

La civilidad de Jorge Edwards

La anunciada resistencia de la Asamblea de acatar la muerte cruzada, auxiliada por la amenaza del anarquista de movilizaciones nacionales, sembrando el desorden en el país, aprovechando la razonable insatisfacción ciudadana y el complot corruptor de la burocracia respecto a sus necesidades básicas, solo generaría una desestabilización constitucional, aprovechada por parte del crimen organizado y del narcotráfico. Hará necesaria mediante el estado de excepción la intervención de las FF. AA., como garantes del orden y acatamiento a la Constitución.

Los ecuatorianos exigen al presidente una solución a sus problemas, el cese inmediato de la confrontación permanente entre la Asamblea y el presidente de la República, impedir la desestabilización del país y la desconfianza en sus instituciones. De no poder superarlo, estaríamos llegando, finalmente, al predecible ocaso de la democracia. (O)