No cabe duda de que en su mayoría, los temas abordados por las preguntas que el Gobierno ha presentado al país para una nueva consulta popular son de relevancia nacional.

En circunstancias diferentes a las que actualmente vive el país es muy probable que el país apruebe la gran mayoría de ellas. Por ejemplo, desde esta columna hemos repetido en muchas ocasiones que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social jamás debió existir, y que fue un mecanismo creado por el correísmo para apoderarse de los organismos de control. En consecuencia, no solo estaríamos de acuerdo con que la facultad de designar a esas autoridades vuelva al Poder Legislativo, sino, además, que dicha institución debería desaparecer, pues lo contrario significaría mantener gastos en actividades que ya serían intrascendentes.

También estamos de acuerdo con una Fiscalía General independiente, pero, a su vez, coincidimos con lo manifestado por esta institución, en el sentido de que esa independencia debe ser completa, sin consejos ni otros entes que la condicionen.

... las consultas populares no han sido otra cosa que un voto de aprobación o rechazo del mandatario que consulta.

Igualmente, vemos valioso cualquier aporte a la lucha contra la violencia y el crimen organizado que desborda al país y requiere acciones.

El problema de fondo, más allá del contenido de las preguntas, es el momento y entorno en los que van a ser presentadas al país.

En el Ecuador, por lo menos en los últimos 40 años, las consultas populares no han sido otra cosa que un voto de aprobación o rechazo al mandatario que consulta. Y en el caso de la consulta popular del 2018, además fue un voto doble: de aprobación a Lenín y de rechazo a Correa.

Con ese antecedente y considerando los niveles de aprobación del actual gobierno, salvo que ocurra algo impredecible, desde esta columna vemos muy pocas posibilidades de que esta consulta popular pueda tener una aprobación mayoritaria.

Si a ello le agregamos que, prácticamente coincide con las elecciones seccionales, y que, generalmente, para los candidatos es rentable ser opositor al gobierno de turno, es muy probable que muchos también hagan cargamontón contra la consulta.

Recordemos que la mayoría de la gente de este país tiene serios problemas diarios para sobrevivir; para conseguir los recursos que le permitan alimentar a su familia y educar a sus hijos. Que deben hacer malabares para sortear la violencia desbordada en las calles y milagros para acceder a la salud pública.

En ese escenario, es probable que poco o nada le importe una consulta popular que podría interpretar como una nueva pelea entre políticos que nada le aporta a sus urgentes problemas diarios.

Como lo he dicho al principio, los temas son importantes y coincido con la mayoría de ellos, pero lamentablemente, el momento político es el menos indicado. Y si a ello le agregamos la posibilidad de que, luego del filtro de la Corte Constitucional, salga una consulta retaceada, como ya lo advierten algunos expertos constitucionalistas, estaríamos frente a un escenario nada favorable.

Desde esta columna auguramos lo mejor para el país en tiempos tan complejos. (O)