La negativa al trámite del proyecto de Ley de Creación de Oportunidades remitido por el Ejecutivo por parte del CAL (Consejo de Administración Legislativa), aduciendo su inconstitucionalidad e impidiendo arbitrariamente el trámite constitucional de la misma, ha generado la crisis que se veía venir en el enfrentamiento de estos dos poderes, por sus posiciones interpretativas constitucionales irreconciliables, que ni aun la Corte Constitucional elevando en consulta dicho proyecto lo puede resolver.

Una vez que le ha sido devuelta por el CAL, solo le quedan al ejecutivo tres opciones: reformar su proyecto allanándose a la voluntad legislativa, insistir en su aprobación por la misma asamblea o promulgar la ley. Las tres de pronóstico reservado. La vía presidencial más expedita y constitucional parece ser el dictamen plebiscitario de última instancia ciudadana, al que aparentemente está abocado el Ejecutivo.

La ofrecida batalla democrática presidencial, que suponemos será la plebiscitaria, en la que no deberá olvidar que hasta el día del plebiscito su credibilidad no dejará de ser atacada con la campaña de desprestigio personal por parte de la oposición legislativa y el correísmo, haciendo uso de publicaciones internacionales que ha impugnado con coraje, renunciando al sigilo bancario y sometiéndose voluntariamente al examen de sus activos por sus detractores.

Si opta por la consulta, lo justificaría, por el actual margen de credibilidad y de aprobación de los ecuatorianos, que honrarían la ley como lo hicieron por sus promesas electorales y su plan de gobierno, deberá considerar esta vía sin tener la certeza de aquello, debido a las nuevas medidas impositivas que afectarán sus bolsillos, los trabajadores sus malentendidos derechos laborales y la oposición legislativa.

La muerte cruzada. Es el enfrentamiento total y decisivo con el poder legislativo, que será respaldado por el clamor ciudadano de rechazo a la corrupción e incapacidad de la asamblea. Contaría con el aplauso popular y mantendría su credibilidad. Inmediatamente, en uso de su facultad constitucional expediría la ley, con las independientes observaciones recogidas, vía decreto-ley de urgencia económica y gobernaría los siguientes seis meses sin el circo asambleísta.

La suerte de sus reformas quedaría en manos de la Corte Constitucional, guardián de los derechos constitucionales de los ecuatorianos, con la certeza de que la ley, una vez modificada, sería tramitada objetiva e independientemente, y que su aprobación dependería no solo de su bondad presupuestaria, sino de su pragmatismo social.

Es la oportunidad que le brinda la constitución, para cortar por lo sano y definitivamente con la permanente conspiración legislativa, y solicitar nuevamente el democrático voto de respaldo personal popular que seguramente obtendría, y que ratificaría la confianza en su gobierno. Podrá entonces cumplir con las metas de bienestar ofrecidas que aspira para los ecuatorianos, durante cuatro años más una vez reelecto.

¿Habrá pasado el tren de las oportunidades o solo está demorado? (O)