Han transcurrido las dos terceras partes de enero, y el presidente aún no envía a la Asamblea el proyecto urgente de ley de inversiones, que era la tercera pata del proyecto Creando Oportunidades que la Asamblea devolvió. Desconocemos qué causa su demora: quizá negociaciones en la Asamblea. Pero cuesta creer que la Asamblea niegue un proyecto de algo tan pragmático, y sin connotaciones ideológicas.

Para recuperarse de la crisis dejada por Correa más los efectos del COVID-19, Ecuador necesita inversión, y no puede venir del Estado. La situación fiscal es desesperante. Mientras más escarban los técnicos en Finanzas, más cuentas por pagar encuentran. Con datos a septiembre, el total de la deuda y otros pasivos con cargo al presupuesto del Estado es de $ 70 mil millones. El Estado no debe endeudarse más, excepto para amortizar préstamos que se vencen, y de ahí que su inversión va a ser mínima hasta que no termine el ajuste.

En minería vendría fácil la inversión privada. El Ecuador enfrenta al lobby ambientalista mundial que no quiere que el Ecuador explote su riqueza mineral. Poco les importa que la explotación minera permitirá generar importantes fondos al fisco. En diciembre pasado, en entrevista para el Financial Times, el presidente expresó que no permitiría que grupos indígenas motivados por intereses políticos arruinen la economía nacional. Alentadora declaración, pero el Ministerio de Ambiente prohíbe la minería en parajes donde la ley la permite. Señales mixtas para los inversionistas.

El petróleo es donde con mayor rapidez se puede incrementar la inversión, exportaciones y por lo tanto renta fiscal. El presidente se cansó del inmovilismo en Petroecuador y nombró presidente ejecutivo a Ítalo Cedeño, uno de los impulsores del plan para producir un millón de barriles diarios. Cedeño devolvió al Ministerio de Energía bloques que no son de prioridad de Petroecuador, para que contrate su operación con contratistas privados, y anunció el desarrollo de la primera fase de Ishpingo. Se espera que el ministerio conceda los permisos ambientales para las siguientes fases.

El proyecto de ley versará en inversiones en actividades no extractivas. La norma sobre alianzas público–privadas ha probado ser deficiente, y es la ocasión de mejorarla. El Código Monetario requiere cambios radicales para atraer inversión bancaria y que baje la tasa de interés.

Clave es la reforma al mercado de valores, tan venido a menos con los escándalos de Isspol y Ecuagran. La Superintendencia debe ser menos de compañías y más de valores: el control debe estar en las empresas que captan fondos del público, y no dedicarse a pedir informe tras informe a compañías cerradas, o sea, aquellas en que socios y administración son la misma cosa. ¿Para que la Superintendencia pide balances con auditoría externa a una inmobiliaria familiar, mientras que descuida las captaciones de Ecuagran?

Cuando se iniciaron, a las camaroneras les permitió ocupar zonas de playa (no manglares). Con la construcción de piscinas, en esas zonas ya no llega la marea alta, o sea ya no son de playa. Está claro que esas zonas seguirán siendo camaroneras. Lo lógico es que se autorice al Estado a venderlas, las haga dinero, y que las empresas ganen en seguridad jurídica.

Qué espera, presidente. (O)