La impericia del equipo de Gobierno en el manejo del reciente escándalo de corrupción demuestra la existencia de problemas de fondo y debería desembocar en un relevo inmediato. Las explicaciones ofrecidas por los funcionarios políticos dejaron ver, por un lado, la falta de información y comunicación entre ellos y, a la vez, de ellos con el presidente. Las muestras más banales de esto fueron las sucesivas y diversas versiones de la presencia de Danilo Carrera en una foto junto a la delegación que acompañó al presidente en su visita a Washington. Pasaron más de dos semanas para que el canciller aclare que esa persona formó parte de la comitiva empresarial y que la foto no fue tomada en la Casa Blanca (adonde no entró el grupo de empresarios), sino en el cementerio de Arlington. Algo tan elemental pudo solucionarse el primer día con una simple llamada al canciller.

En ese mismo plano hubo hechos más graves, como la negativa de la existencia de una o varias redes de corrupción que operan en las empresas estatales. Si, meses atrás, el presidente le había pedido la renuncia al señor Luque por las sospechas que ya existían, política y judicialmente era imperioso transmitir eso a la ciudadanía. El Gobierno debía marcar distancia con ese individuo no solo para evitar la contaminación, sino para poder encabezar las acciones destinadas a desarmar la red en que operaba (¿o acaso piensan que los corruptos actúan como lobos solitarios?). Un mínimo de olfato los habría llevado a prever que en cualquier momento saldría a la luz la verdad y que presentarlo como un retiro voluntario podía transformarse en una forma de encubrimiento. Un equipo político experimentado habría impedido que el presidente hiciera esa declaración y que posteriormente, cuando el escándalo era imparable, la sustituya por la torpeza individual como explicación.

Un equipo político experimentado habría impedido que el presidente hiciera esa declaración...

Es difícil imaginar que los funcionarios de alto nivel no hayan conocido o por lo menos sospechado que en el ámbito de las empresas estatales funcionaban redes que venían operando desde muchos años atrás. El informe del exsecretario anticorrupción Luis Verdesoto recoge esa realidad. Si bien, según la propia declaración del funcionario, este fue redactado en los últimos siete días de su gestión, es imposible suponer que toda la información fue recopilada en ese corto lapso. ¿No hubo conversaciones al respecto en el círculo más cercano al presidente? ¿No se plantearon, en primer lugar, la necesidad de trazar una estrategia para identificar y combatir a esas redes desde adentro? Y, en segundo lugar, ¿no consideraron establecer un escudo de protección del mandatario? Si las redes se habían instalado en el correato y si en la denuncia de La Posta aparecía involucrado un asambleísta de ese grupo, era la oportunidad de oro para ganar algo de terreno en el enfrentamiento con quienes le hacen la vida imposible.

Es una cadena de impericias que exige un cambio integral del equipo político. Pero será muy difícil que ello ocurra. Primero, porque su conformación no responde a consideraciones políticas, sino a criterios de amistad o fidelidad. En el fondo es la expresión de la ausencia de un partido político que pueda alimentar al Gobierno. Segundo, porque no será fácil para un gobierno débil encontrar los suplentes adecuados. (O)