De Davos, el presidente retornó impresionado tras sus conversaciones con los máximos personeros de las grandes empresas mineras. Escuchó de ellos sobre el papel estelar del Ecuador entre los destinos de la inversión minera. El caudal de inversión induciría una bonanza comparable a la petrolera de hace cincuenta años. Le habrían transmitido también su preocupación por los formidables obstáculos que impiden que esa inversión se concrete. Convencido de que la minería requiere un espaldarazo, en los próximos días dispondría las medidas que comentamos a continuación.

Se reabriría el catastro minero. Lenín Moreno lo cerró en 2018, e inexplicablemente las autoridades del presente Gobierno no lo han reabierto. Ecuador ya no recepta solicitudes para operaciones mineras. La minería requiere de mucha prospección para detectar recursos. Gran parte de las prospecciones son fallidas. Las concesiones son de gran tamaño porque no se sabe dónde está el recurso y si su explotación es rentable. Las áreas no prospectivas se revierten. Reabrir el catastro minero augura una nueva ola de inversión.

Agilitar concesión de permisos ambientales. Los ejecutivos mineros le habrían comentado al presidente sobre la lentitud en las aprobaciones de los permisos ambientales. De qué sirve autorizar inversiones si después languidecen en alguna dependencia burocrática. Quizá faltan técnicos, quizá algunos de los que hay libran una lucha de manos caídas contra la minería.

El Gobierno anunciaría su determinación de defender los campamentos mineros de los ataques de las fuerzas que comanda Leonidas Iza. Los ejecutivos de las mineras en operación le habrán expresado su temor por la advertencia del dirigente de la Conaie de que no inviertan y sus amenazas de destruir sus instalaciones. Ya pasó en Río Blanco, en el Azuay. Los activistas destruyeron el campamento, ahuyentaron a propietarios y trabajadores, y ocupan la mina.

Que el patrimonio de los ecuatorianos no genere ni regalías ni ingresos tributarios, no va más.

Lo lógico es que se comenzaría por restaurar el orden en Río Blanco. Así se desactivaría el recurso de arbitraje planteado en 2020 por la propietaria de la mina, la china Junefield, que pretendería una indemnización de $ 469 millones.

Sería conveniente desactivar el otro litigio en ciernes, con Codelco. Hay discrepancias de derechos y obligaciones entre la propietaria de los derechos, la estatal Enami, y la operadora que invierte, la estatal chilena Codelco. Con buena disposición de ambas partes se puede proseguir con el proyecto Llurimagua en Imbabura con beneficios para todos.

Para traer más transparencia al sector minero, el Gobierno debería normar la consulta previa a las comunidades y enviar esa norma como proyecto de ley a la Asamblea. Que deje claro que la consulta, muy necesaria, no puede vetar una mina, ya que el recurso es de toda la ciudadanía, no solo de los miembros de una comunidad. Pero sería justo que las comunidades reciban una participación de las regalías, para que la utilicen a su conveniencia.

Se declarará el combate a la minería ilegal. Es inadmisible permitir tanto daño ambiental, que no se cumpla con normas tributarias ni laborales, que el oro se negocie en el mercado negro, que financie redes criminales. Que el patrimonio de los ecuatorianos no genere ni regalías ni ingresos tributarios, no va más. (O)