En mayo del 2004 entró en vigencia en el Ecuador la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Desde la Dirección Ejecutiva de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep) tuve el honor de formar parte del equipo que trabajó e impulsó la aprobación de la Ley.

No ha existido una verdadera campaña de concienciación... respecto de su derecho a acceder a la información pública.

Lo hicimos convencidos de que una sociedad informada es una mejor sociedad y, sobre todo, que la información pública les pertenece a los ciudadanos y no a los funcionarios públicos.

En su momento la Ley ecuatoriana fue aplaudida en la región como la más moderna y de vanguardia en cuanto a la protección y ejercicio del derecho al acceso a la información en poder del Estado.

Lamentablemente, en el proceso de discusión y aprobación por parte de la Función Legislativa, quedó fuera la creación de una institución independiente con presupuesto propio que sea garante del cumplimiento de la Ley y acompañe a la ciudadanía en el acceso a la información pública.

Digo esto, porque al final, entre gallos y medianoche, se le asignó a la Defensoría del Pueblo tal función, como una más de las muchas que cumple deficientemente, a diferencia de México, cuya Ley aprobada en 2002 creó el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) (posteriormente sustituido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales), el cual ha desarrollado una envidiable gestión en estas casi dos décadas.

Aunque como dejé anotado, nuestra Ley es muy buena porque, entre otras cosas, procuró aprender de la experiencia mexicana y no dejar cabos sueltos, para lo cual se fijaron tiempos exactos, se realizaron enumeraciones taxativas y se limitaron de forma muy detallada las excepciones, así como un paquete de sanciones muy drásticas para los funcionarios públicos infractores, en la práctica, los funcionarios e instituciones públicas de turno, en su mayoría y con honrosas excepciones que las hay, se han seguido burlando del derecho constitucional que nos asiste como ciudadanos.

En primer lugar, no ha existido una verdadera campaña de concienciación e información al ciudadano respecto de su derecho a acceder a la información pública. La falta de una institución dedicada a ello es parte del problema.

En segundo lugar, la Función Judicial, pues, durante la década correísta que controló todos los poderes del Estado, no hubo juez que se atreviera a exigir la entrega de información pública y menos aplicar las sanciones previstas por la Ley. Y al día de hoy siguen siendo muy pocos los que estén dispuestos a aplicar la Ley y jugársela por proteger tan importante derecho humano.

Ojalá la clase política comprenda la importancia del acceso a la información pública y promueva una reforma legal que dé origen a una institución pública con presupuesto propio, encargada de recopilar con fuerza de Ley la información pública y acompañar al ciudadano en el ejercicio y defensa de su derecho.

Hasta tanto, el acceso a la información pública será letra muerta, de las muchas que tenemos en nuestra Constitución vigente. (O)