La mayor agresión contra la dignidad de la humanidad es la guerra. Estado contra Estado, en defensa de su soberanía y seguridad nacional, desencadenan un conflicto armado que por su gravedad e intensidad viola el principio universal de la paz y la integridad humana, que la comunidad internacional tiene la obligación de proteger. Una lucha asimétrica de fuerzas entre dos formas de ejercer la política: la del poder soberano del Estado y la del poder universal de los principios.

Desde el poder político del Estado, la guerra es un medio para alcanzar un fin, hace uso máximo de su condición soberana para justificar la legalidad y legitimidad de la guerra. Los Estados destinan en promedio el 2 % del PIB mundial a defensa y seguridad cada año; de acuerdo con el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, en el 2020 se destinaron 1,98 billones de dólares en gasto militar. Las grandes potencias destinan parte significativa de este gasto a la investigación y desarrollo de la guerra moderna, una guerra en constante transformación.

Por ejemplo, en América Latina, los Estados perdieron el monopolio de la guerra. El crimen organizado integra a la población civil y militar a redes criminales transnacionales vinculadas al narcotráfico y al tráfico de armas. De acuerdo con la Cepal, la región, con solo el 8 % de la población mundial, registró en el 2018 el 50 % de los homicidios a nivel mundial, convirtiéndose en una de las regiones más peligrosas del mundo. La debilidad del Estado de derecho, la corrupción y la impunidad, así como la desventaja militar y económica intensifican la necesidad de la comunidad internacional y el derecho internacional como recursos de protección.

Desde el poder universal de los principios, la guerra es la negación de la paz. Prevenir y eliminar amenazas a la paz es el objetivo supremo de la comunidad internacional, representada en la Organización de las Naciones Unidas, que a través del Derecho Internacional impone normas y regulaciones que frenan o limitan la soberanía nacional. Los derechos humanos, el derecho humanitario y el derecho penal internacional condenan la guerra, al considerarla un crimen contra la paz, una agresión contra la humanidad, y obligan a los Estados y sus líderes políticos a responder por su violación.

Sin embargo, el actual conflicto armado entre Rusia y Ucrania confirma el déficit de efectividad del Derecho Internacional y la comunidad internacional para prevenir y resolver pacíficamente conflictos entre Estados. La Organización de las Naciones Unidas, al estar condicionada políticamente por un sistema de alianzas, tensiones y desequilibrios entre los Estados más fuertes y sus impulsos hegemónicos, no ha logrado garantizar la igualdad jurídica de los Estados para alcanzar consensos frente a los desafíos globales. Es apremiante transformar el modelo de las Naciones Unidas en un sistema donde la política de la fuerza soberana y la política de la fuerza de los principios se integren en un único imperialismo: el de la Ley al servicio de la paz. Ya lo dijo Dag Hammarskjöld: “Las Naciones Unidas no fueron creadas para traernos el paraíso, sino para alejarnos del infierno”. (O)