El art. 89 de la Constitución establece que “La acción de habeas corpus tiene por objeto recuperar la libertad de quien se encuentre privado de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima...”, que “... En caso de verificarse cualquier forma de tortura, trato inhumano, cruel o degradante se dispondrá la libertad de la víctima, su atención integral y especializada, y la imposición de medidas alternativas a la privación de la libertad cuando fuera aplicable....”. En el art. 44 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional se fija el trámite a seguir y se ordena que la acción puede ser interpuesta ante cualquier juez del lugar donde se presuma está privada de libertad la persona, pero, agrega que “Cuando la orden de privación de la libertad haya sido dispuesta en un proceso penal, el recurso se interpondrá ante la Corte Provincial de Justicia”.

De acuerdo con información publicada en este Diario, el 14 de abril pasado, “... Desde el año 2021 hasta lo que va del 2022, se han presentado 1.312 casos de habeas corpus, de los cuales 528 fueron concedidos por las causales de seguridad, hacinamiento y salud...”. Es posible que en esos 528 casos no hubo alguien que llamara tanto la atención como el exvicepresidente de la República Jorge Glas, quien, pese a tener dos sentencias en firme, en su contra, dictadas en procesos penales, el 9 de abril fue puesto en libertad por un juez de primer nivel, en evidente desacato y contravención a lo ordenado por las leyes citadas, y con la aquiescencia de los delegados del Ministerio de Gobierno y del Servicio Nacional de Atención Integral de Personas Privadas de la Libertad (SNAI), que, con su silencio, aprobaron lo dictado por el juez de Manglaralto, que no tenía competencia alguna para hacer lo que hizo. La razón esgrimida por el funcionario judicial fue que “existía un riesgo contra la integridad física y psicológica” del recurrente. Diez días después, otro juez de primer nivel concedió un habeas corpus parcial al líder de una banda delictiva y lo mandó a un hospital público para que cure sus supuestas dolencias.

En el otro lado de la medalla están los demás presos, que en más de 38.800 pueblan nuestras cárceles, en condiciones infrahumanas. El pasado 29 de septiembre murieron en ellas al menos 118 personas. Sería muy difícil encontrar a alguien, en esos reclusorios, que tenga una vida realmente sana, no solo en lo físico sino también en lo mental. Es evidente que aquí la justicia solo está hecha para los de poncho. ¿Cuántos corruptos de aquellos que se alzaron con el santo y la limosna, llevándose hasta el aliento de los ecuatorianos, están detenidos? ¿No son esos, por desventura, peores delincuentes que aquellos que están muriendo en vida encerrados en las mazmorras por haber robado un celular? Mientras la justicia se venda, los ricos seguirán siendo ricos y los pobres, más pobres.

El Ecuador es un estado en descomposición. Urge una revisión de todo el aparataje estatal y una maniobra de timón que detenga la caída que, en picada, nos está llevando al precipicio.

De otro modo, con esa receta del uso indebido del habeas corpus, debiéramos liberar, entonces, en combo, a todos los presos porque, sin duda, se encuentran en peor estado de gravedad física y síquica que los hoy puestos en libertad. (O)