El señor Freddy Carrión tiene orden de prisión preventiva desde el 16 de mayo y se encuentra preso en la cárcel 4 de Quito, al ser investigado por el delito de abuso sexual. Millones de personas han visto su bochornoso comportamiento mientras estaban prohibidas las reuniones, el estado de embriaguez, su conducta en el condominio, en los pasillos, la manera como trataba a una mujer, los golpes con su amigo y adversario hasta verse obligado acudir a un hospital para atender sus magulladuras y heridas.

Estamos hablando del defensor del pueblo del Ecuador. Se encuentra, según él, “con licencia” y despachando desde la cárcel, desde donde envía correos electrónicos y comunica a la defensora del pueblo subrogante el cese de sus funciones. ¿Puede imaginarse episodio más bochornoso y humillante para la ciudadanía que ve con estupor cómo funcionarios de alto nivel, en cuanto al cargo que ostentan, no en relación a su comportamiento, se permiten acciones tan descaradamente vergonzosas? Instalada una oficina de derechos humanos en la cárcel por un PPL que justamente violó varios derechos humanos. Y que puede mandar correos electrónicos, etcétera. ¿De qué cárcel se trata? Como además hay otras autoridades también como PPL, seguramente se trata de una cárcel que funciona como convergencia de múltiples instituciones que trabajan en equipo controlando los gastos del Estado, defendiendo a los vulnerables, denunciando irregularidades, etcétera. Realmente de Ripley.

No tiene ninguna excusa lógica que tales comportamientos se permitan y aprueben con un silencio cómplice. Si nos fijamos en la página de la Defensoría del Pueblo, en su misión dice que: “Somos la institución nacional de derechos humanos que garantiza la dignidad del ser humano, promueve y protege los derechos humanos y de la naturaleza y previene sus vulneraciones, procurando el pleno ejercicio de los derechos a través de la magistratura ética”. Ninguna de esas afirmaciones se cumple en el actuar del funcionario que conocemos.

Y en su visión vuelve a insistir: “La Defensoría del Pueblo del Ecuador será una institución… reconocida a nivel nacional e internacional por su magistratura ética…”. Y asegura que entre sus valores está el actuar con coherencia.

¿Hasta cuándo este país permitirá tener funcionarios presos que siguen usufructuando de su cargo con licencia, toma de vacaciones y mil subterfugios con los cuales se aferran a un puesto que ya no deben desempeñar por un mínimo de ética y sentido común? ¿Hasta cuándo el quiebre de las instituciones será el andamiaje devastado en que el Estado se asienta? ¿Hasta cuándo tendremos que ser humillados por funcionarios que desdicen de su rol y nos exponen al escarnio nacional e internacionalmente? ¿Hasta cuándo se realizan entrevistas, foros, conversatorios para dar interpretaciones de la ley, se habla de tiempos, límites, para conocer cómo se debe actuar en relación al funcionario que ostenta el cargo de defensor del Pueblo?

Ese accionar que inunda las redes sociales, los informativos y artículos de opinión se convierte por su repetición en modelo a seguir, pues crea una especie de aletargamiento general que adormece las conciencias. Es urgente que se tomen medidas que enrumben la institucionalidad. (O)