Antes de que nos hundamos en una tembladera apestosa de la que muy pocos se salvan. Soy viejo y tengo memoria. Desde hace siete décadas vivo consciente de lo que ocurre en nuestro país, y nunca hemos estado como ahora. Porque hemos pasado y superado crisis económicas como cuando cambiamos la moneda, las políticas que tumbaron presidentes, las causadas por inundaciones y terremotos. Todas son nada como la de estos días. Las superamos porque las instituciones funcionaron más o menos bien; no tanto por la gravedad de los sucesos, sino más bien porque teníamos vivo el sentido cívico y la moral pública no había sufrido los embates del narcotráfico.

Ahora, la moral cívica ha sido expulsada de nuestras instituciones. El Parlamento, salvo pocas excepciones, está colmado de personas incapaces e ignorantes, que siguen consignas políticas de quienes no tienen visión de estadistas ni comprenden la realidad. Algunos están cegados por sus intereses. Otros siguen como borregos las órdenes de un delincuente exiliado.

La Función Ejecutiva parece que no da pie con bola. Se la percibe como bien intencionada, pero no se conocen las líneas maestras de su accionar. Lo rescatable de la vacunación y del manejo de las finanzas palidece en otras esferas. Tiene que pagarle al IESS para que no quiebre. Debe darnos seguridad en las calles para no ser víctimas del fuego cruzado entre las bandas delictivas. La gente vive con miedo por su vida, por sus bienes. En cualquier momento un delincuente mata a su víctima porque no le quiso entregar el celular o la cartera. Desconfío de ese diálogo de sordos que parece ser el que sostiene con la dirigencia indígena. Parece que sus líderes se preparan para el estallido que proclaman y para botar al presidente. Ya lo intentaron; volverán.

La Justicia está llena de jueces ignorantes y venales, en todas las magistraturas. Este es el relajo que más apena y del que se salva la Corte Constitucional, que puede ser parte de la solución. Se sabe que se abusa del sistema de protección de los derechos humanos y que para todo se presentan acciones de protección. Cualquier juez multicompetente puede disparar un disparate contra, por ejemplo, la Asamblea. Ya uno lo hizo. ¿Cómo puede un abogadillo con toga de juez, en un pequeño pueblo, imponerse sobre la Asamblea, cuyos integrantes y sus decires están amparados por la ley? Puede porque no hay un límite para la presentación de acciones de protección y porque la jurisdicción es múltiple. Creo que aquí entra la Corte Constitucional, pues tiene entre sus deberes el control abstracto de la Constitución. La Corte puede dictar de oficio las normas para la presentación y admisión de los recursos constitucionales. Parece que la ley respectiva no es suficiente. Eso sería también administrar justicia. Estas normas dictadas por una magistratura confiable pueden ser el empujón que nos ayude a salir del pantano y reconstruir el país, con orden y justicia. Necesitamos que algún organismo serio inicie el proceso de sacarnos del lodo. Hace falta constreñir jurisdicciones. Cambiar leyes secundarias depende de la Asamblea: ¿tendrá la capacidad de hacerlo? (O)