Sesenta y dos muertes más sobre la conciencia de un Estado incompetente, de autoridades y administradores incompetentes, instituciones incompetentes que dejaron morir a sesenta y dos personas pese a que esos asesinatos violentos eran anticipados y luego transmitidos en directo por redes sociales. Incompetentes e indolentes.

Sesenta y dos razones más —en total, 320 sanguinarias muertes solo en el 2021— para confirmar que el Gobierno no tiene el control del sistema carcelario y tampoco tiene la menor idea de lo que se debe hacer en este tema para retomar el control de las cárceles. ¿Pruebas? El vocero del presidente Guillermo Lasso, el abogado Carlos Jijón, culpando abiertamente de la masacre a un “acto terrorista de conmoción” que no merece mayor espacio de análisis: es una fijación de la que no pueden desprenderse, como en los papeles de Pandora.

Pero no es un tema solamente de quienes están a cargo de la administración de lo público, sino de una sociedad en general, cuyo verdadero rostro se muestra en los detalles de un sistema que nuevamente empuja y condena a la barbarie por igual a quienes han cometido crímenes que a quienes han emprendido militancia ambiental; a infractores en espera de sentencia que a líderes de bandas organizadas de monta internacional. Que deja crecer, en el interior del sistema penitenciario, lucrativos negocios donde se pueden encontrar cigarrillos, sistemas de comunicación o armas del más grueso calibre. Una especie de reino paralelo y amplificado de lo que ocurre en otros reinos paralelos, como el de la política.

Un sistema que ha cooptado a guías penitenciarios, policías, directores, celadores y a todo aquel que pueda ingresar algo a este complejo y laberíntico reino del delito, a cambio de dinero. No se entendió nada.

Una masacre tan sangrienta como las anteriores, solo que el aderezo de esta fue que la más alta jerarquía de políticos locales disfrutaba simultáneamente de una cena con convidados extranjeros, y no la iban a interrumpir por una masacre más de los descartables: la perfecta alegoría de lo que representa, en una sola escena, los extremos de la suerte que deben vivir los descamisados (los que mataron, robaron un celular, protestaron por la no explotación minera o tenían pequeñas dosis de drogas) versus los que triunfaron, se educaron, se enrolaron, heredaron, ocultaron, escondieron, evadieron.

Un breve espacio para la memoria de Víctor Guayllas Gutama, detenido en octubre de 2019 y condenado a cinco años de reclusión por presunto sabotaje. Guayllas era activista de los derechos humanos y defensor del agua en su parroquia Molleturo, donde también ocurrió una muerte por represión contra manifestantes. Su condena final fue ¡la pena de muerte!

El resto del espacio va por todas las víctimas de un Estado cuyos administradores caminan desorientados, sin una propuesta clara ni integral para enfrentar el tema de las cárceles, sino promotores de un sistema que sigue creando desempleo, desabastecimiento en hospitales, ausencia de políticas públicas en varios ámbitos… Un Estado al que también pertenecemos y del cual somos cómplices. Para bien y para mal. (O)