Mucho se ha dicho acerca de la inseguridad jurídica en nuestro país. Largas quejas desde todos los sectores. Desde esta columna hemos compartido nuestro punto de vista en innumerables ocasiones sobre el daño que significa para el país el hecho de que toda decisión está sujeta a una serie de hechos que están más allá de las consideraciones y argumentos legales y técnicos. En resumen pudiéramos decir con desaliento que en este país jamás se puede confiar en la última palabra.

Hemos sido claros y frontales sobre lo complicado que se vuelve para cualquier régimen –que se califique como democrático– manejar y controlar todo un aparataje burocrático y sus vinculaciones con los sujetos de derecho privado, sin romper ni desconocer el marco legal, las actuaciones de los jueces y los pronunciamientos de las otras funciones del Estado.

Dicho esto, insistamos en una reflexión a propósito de los recientes y controversiales nombramientos de autoridades en distintas instituciones.

Mientras no entendamos que el vaivén nos hace daño a todos, no seremos capaces de construir la tan anhelada seguridad jurídica...

No es mi intención generar un debate más sobre la incompatibilidad manifiesta de ciertos ciudadanos con el cargo al que aspiran, pues eso corresponde a los entes nominadores y a quienes los eligen en última instancia. Sin embargo, un solo comentario reiterado que cabe en este punto es insistir en que quienes sean sugeridos y designados debieran ser los más aptos para la función que van a ejercer. Los experimentos –sobre todo en áreas técnicas– ya sabemos por experiencia propia de país que nunca han sido la mejor opción.

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Pues bien haciendo una explicación simple diremos que para nombrar ciertos funcionarios se requiere el concurso de varias instituciones que actúan en diferentes fases y momentos. En el caso de otros funcionarios, la designación no requiere de concurso de más involucrados. Pero por alguna razón, en el uno y otro caso, todo el mundo se siente con derecho a impugnar, cuestionar e incluso amenazar con interponer recursos judiciales para que el recién nombrado no se posesione. Y si llega a posesionarse para desconocer sus actuaciones.

Definitivamente estos ejemplos de los muchos que hemos visto recientemente nos revelan la debilidad de un sistema que –con todo respeto– utiliza los órganos judiciales a su antojo. Pretendiendo usar acciones judiciales para todo tipo de temas, intereses y pretensiones.

La justicia tiene su propia balanza, no puede ser invocada para equilibrar una balanza ajena. Tampoco debe ser usada al antojo ni la conveniencia de quienes para hacer prevalecer su opinión no reparan en dañar su imagen.

El panorama en general ha sido desalentador para los que queremos ver funcionar el aparato estatal; pero mucho más para quienes queremos invertir, construir y trabajar sabiendo que las decisiones que toma el Gobierno a través de sus funcionarios están conducidas en derecho y se encuentra con la firmeza y la legitimidad necesarias.

Mientras no entendamos que el vaivén nos hace daño a todos, no seremos capaces de construir la tan anhelada seguridad jurídica que necesitamos ni ser parte de un mundo globalizado, que mira con desconfianza a quienes no son capaces de tomar decisiones duraderas en el tiempo. (O)