El Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), también conocido en sus días más oscuros como la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain), tiene las horas contadas. El presidente electo, Guillermo Lasso, anunció que ciertas tareas de la Inteligencia volverán a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Su decisión obedece a que se trata de una institución que ha estado al servicio del Gobierno y ha sido utilizada para perseguir a adversarios y periodistas.

A primera vista parecería una buena noticia: en efecto, se puede presentar como una muestra de que no habrá persecución política. También como que habría la intención de volver a una institucionalización estatal, como la que estuvo vigente hasta el 2009. O ser un indicativo de que la inteligencia se verá reforzada para recolectar información útil en el campo militar y policial, en momentos en que la seguridad interna y externa atraviesa problemas que se ven reflejados en casos de sicariato, tráfico de drogas, lavado de dinero, motines carcelarios...

Sin embargo, y dado que aún no hay más información, surgen preguntas sobre algunos aspectos relativos al nuevo y al anterior sistema. Empecemos por las interrogantes hacia la propuesta naciente y uno de sus aspectos clave: ¿quién o qué organismo generará los escenarios prospectivos políticos, es decir la inteligencia estratégica, para apoyar la gobernabilidad?, ¿acaso eso pasará a un segundo plano?, ¿se comenzará desde cero?, ¿volverá a funcionar la Dirección Nacional de Inteligencia como la que había hasta el 2009?, ¿cómo se está pensando enfrentar esta línea de trabajo?, ¿se rescatará algo de lo que hacía o a los analistas del CIES?, ¿cuál reforma legal a la inteligencia se priorizará?

En lo concerniente al sistema que se cerrará, no olvidemos que hubo momentos en que llovieron las denuncias en contra de la Senain y se generaron unos cuantos procesos judiciales por aquí y por allá. Con este nuevo giro nace otra oportunidad valiosa para exigir cuentas.

En ese sentido, ¿se pedirá a la Contraloría, que tiene que renovarse, y a la Asamblea Nacional electa que fiscalice lo ocurrido durante 12 años? ¿O acaso debe olvidarse ya lo que pasó?

No es poco hablar de 450 millones de dólares gastados en las administraciones de los dos últimos gobiernos. Sin que esto sea, bajo ninguna perspectiva, persecución, ¿quién será el responsable de la rendición de cuentas, para que estos hechos no se repitan y pasen a ser parte de la historia oscura del país, esa que jamás se debe olvidar para no repetirla?, ¿qué pasará con los equipos que se compraron durante estos años?, ¿qué ocurrirá con las casas de seguridad, los vehículos, los equipos tecnológicos existentes?, ¿qué se hará con los archivos que debieran encontrarse en las bases informativas o de datos de esa oficina?

El sistema de inteligencia, sin duda, hay que cambiarlo, pero además hay que exigirle cuentas y que se sepa con claridad qué pasará con toda la estructura que se quiere dejar atrás. No se trata de hacer borrón y cuenta nueva. Se trata de transparencia y responsabilidad, que haya rendición de cuentas y un servicio efectivo y beneficioso para el Ecuador. (O)