En los últimos 30 años, la lucha contra la desnutrición crónica infantil ha sido una experiencia fallida para nuestro país, que refleja un Estado sin autoridad unificada para garantizar a la niñez una vida digna, a partir de una alimentación segura, asequible y sostenible. Una realidad que evidencia las dos caras de la pobreza infantil: la escasez y el sufrimiento.

La relación necesaria entre los derechos humanos y la nutrición infantil se materializa en la Convención sobre los Derechos del Niño, que Ecuador ratificó en 1990. Esta convención se guía por cuatro principios básicos interdependientes: 1) el interés superior del niño; 2) su derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo; 3) el respeto de sus opiniones; y 4) el principio de no discriminación. Activar los principios fundamentales de esta Convención en el diseño de una política de Estado focalizada en disminuir la desnutrición crónica infantil (DCI) representaría la garantía de protección para la niñez de nuestro país, que salvaguarda su dignidad e integridad, y responsabiliza y obliga a todas las autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y privadas a entregar resultados frente a esta realidad nacional.

La lucha contra la DCI ha sido un objetivo político en constante reformulación, donde la retórica política ha prevalecido sobre una gestión pública eficaz, que representa un costo anual del 4,3 % del PIB nacional. 1993: Programa de Alimentación Complementaria Materno Infantil; 1995: Programa Integrado para el Control de las Deficiencias de Micronutrientes; 1999: Programa Nacional de Alimentación y Nutrición; 2004: Aliméntate Ecuador; 2009: Intervención Nutricional Territorial Integral; 2010: Desnutrición Cero; 2013: Estrategia Acción Nutrición Infancia Plena; 2014: Proyecto Emblemático Acción Nutrición; 2018: Alimentación y Desnutrición Ecuador; y 2021: Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil. El resultado: somos el segundo país de Latinoamérica con mayor prevalencia de DCI, después de Guatemala, donde tres de cada diez niñas y niños menores de 2 años sufren retraso en su crecimiento y desarrollo integral.

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Por ejemplo, Perú en el 2008 despegó una política de Estado contra la DCI, y en catorce años ha logrado reducir la curva de DCI, en menores de 5 años, 16 puntos porcentuales. El valor del consenso nacional entre el Estado y las organizaciones civiles sumado a una rigurosa aplicación de presupuesto por resultados ha permitido a nuestro vecino país ser una referencia mundial en materia de nutrición infantil para el desarrollo.

La desnutrición infantil no puede estar sometida a la voluntad política del gobierno de turno, con un objetivo reducido a corto plazo; exige poner el interés superior de la niñez como una prioridad sustantiva, que maximice su bienestar integral con la menor restricción posible de sus derechos fundamentales: salud, educación y seguridad. Crecer en la pobreza intensifica la fragilidad progresiva de una infancia que mira su futuro con temor. La llamada de acción responsable e inmediata corresponde al esfuerzo unificado del Estado, el sector empresarial y la sociedad civil. (O)