El 2022 inicia igual que los anteriores: con incertidumbre política y económica. La crisis se ha vuelto duradera y un estado de cosas común. Aunque no hay que dar cabida a la conformidad. Las prioridades de cara al nuevo año vuelven a ser la reactivación económica y la pandemia del COVID que después de una breve tregua vuelve a arremeter en buena parte del mundo; es la plaga bíblica del siglo XXI.

En este escenario el gobierno del presidente Lasso se mantiene bajo escrutinio. Para efectos de compensar el incumplimiento de su promesa de no crear más impuestos, dio paso al incremento de 25 dólares del salario mínimo, con el objetivo adicional de recuperar capital político y mantener condiciones mínimas de gobernabilidad. No tenía otra opción.

Uno de sus mayores retos es concretar 30.000 millones de dólares de inversión privada en proyectos de producción petrolera y minera, de generación hidroeléctrica e infraestructura básica. El éxito de su administración va a depender de que buena parte de estos proyectos estratégicos se materialicen, lo cual no va a ser fácil.

Habiendo transcurrido siete meses, los ministerios responsables están aún lejos de la dinámica requerida para impulsarlos. La inercia del aparato burocrático es el nudo gordiano que toca cortar de tajo.

El nombramiento de Roberto Salas Guzmán como secretario de Asociaciones Público-Privadas y de Gestión Delegada es un acierto por su experiencia corporativa y credibilidad, pero se ocupará de los proyectos grandes bajo régimen de APP, quedando mucho más bajo el ámbito de los ministerios de Energía y Recursos Naturales no Renovables y de Obras Públicas y Transporte, principalmente, cuyos responsables tienen que demostrar ejecutividad. Pero cada cual tiene sus poderosas distracciones y limitaciones. El primero, lidiando con la suspensión parcial del bombeo por los oleoductos debido a la erosión regresiva del río Coca, con el desafío de evitar la caída de la producción e incrementarla a un millón de barriles en cuatro años. El segundo, abrumado por los deslaves de la estación invernal que han interrumpido varias de las principales carreteras que conectan Costa, Sierra y Oriente, con el agravante de carecer de presupuesto para atender las emergencias.

El MTOP tendrá una prueba de fuego en enero cuando se presenten las ofertas de los interesados en construir/concesionar el viaducto sur, obra de infraestructura transformadora de Guayaquil y su zona de influencia, cuya inversión estaría en el rango de $ 700 a $ 1.000 millones. Desde 2008 tiene la competencia de la obra, sin acreditar todavía resultados. El paso a cumplir es trascendental, pero sería conveniente que el Gobierno central considere la posibilidad de delegar dicha competencia a una institución de ámbito local que sería la Prefectura del Guayas, toda vez que el proyecto involucra a los cantones de Guayaquil, Durán y Naranjal, con base en un convenio interinstitucional con el MTOP, incluida una veeduría público-privada. Es lo mejor para evitar la distracción de un ministerio que tiene de modo propio tantos frentes abiertos. El Quinto Puente puede convertirse en la locomotora para jalar muchos otros vagones que están a la cola. (O)