En un libro sobre tutela judicial efectiva que publiqué en el 2005 señalé que uno de los factores que afectan a dicha tutela es “el ánimo de congraciarse con el poder político”. Expresé, entre otros: “…el juez, el magistrado pueden ser presa de la tentación de expedir un fallo contrario a derecho para estar bien con el político influyente que lo puede “liquidar” o “ayudar” cuando toque la época de la reorganización judicial, o que tiene el “poder” para mover las fichas, como se dice comúnmente, de tal manera que el juez o magistrado pueda ser sancionado y hasta destituido”.

Han pasado los años y las cosas no han cambiado. En la sentencia 37-19-IN/21, en voto concurrente, el actual presidente de la Corte Constitucional y la jueza Daniela Salazar señalaron: “Esta vez bajo el título de “evaluación” se hizo nuevamente lo mismo: cambiar de forma masiva a jueces de una alta corte ecuatoriana antes de que culminen sus periodos normales. El resultado es que, mediante una evaluación profesional de desempeño, nuevamente una gran mayoría del máximo organismo de administración de justicia ordinaria es separada de su cargo fuera del periodo de nombramiento establecido en la Constitución”. Hace varias semanas (antes de las últimas elecciones seccionales) escribí en esta columna: “Las perversidades abundan en este Ecuador. Es tan nefasta la persecución política judicial en contra de personajes de derecha como de izquierda, de ciudadanos comunes como acaudalados… presentar juicios por todos lados para ver en cuál nos juega la lotería es una acción condenable”.

Los derechos humanos no tienen partido, amigo lector. La justicia no puede ser acomodaticia. Debemos dejarla en libertad.

Estas citas son muy pertinentes en estos tiempos. Parece que seguimos sin aprender la lección de la independencia judicial y del destierro de la política asociada a la justicia. Resulta que un caso judicial que antes se llamaba de otra manera ahora se llama “encuentro”, que era el eslogan político del actual gobierno. Parecería que estamos a punto de un nuevo drama judicial: otro caso de delincuencia organizada con raíces gubernamentales, incluso se quiere vincular al presidente de la República con el narcotráfico, lo cual parece una infamia. Los errores gubernamentales y la pasión política no deben conducir a la temeridad. En mi último artículo cité el caso de los abusos contra Alexis Mera. Acusado por un delito y sentenciado por otro (incluso se usó como prueba de cargo información encontrada en la computadora de un coprocesado, no de Mera). Sentenciado a ocho años presentó un recurso de revisión por los errores de hecho en la condena y el tribunal de la Corte Nacional de Justicia, violando una conocidísima sentencia de la Corte Constitucional (168-19-EP, que cita otras más), le inadmitió a trámite tal recurso, privándole del derecho a la defensa. Y selló la maldad. Perdón: la situación. Los derechos humanos no tienen partido, amigo lector. La justicia no puede ser acomodaticia. Debemos dejarla en libertad. “Una injusticia hecha a uno es una amenaza hecha a todos”.

¿Y si mañana se vira la tortilla? (O)