Se dice con frecuencia que en el Ecuador no existen escuelas para líderes, ni tampoco para especializarse en el manejo de “la cosa pública”. Que cuando una persona es designada ministro/a de Estado va a ocupar ese puesto sin tener idea cómo funciona la administración pública, sin saber cómo evitar caer en responsabilidades, etcétera. Los partidos políticos, para quienes es indudablemente importante llegar al “poder”, deberían preocuparse por capacitar calificadamente a sus líderes y a todos aquellos que quieren llegar a la administración pública. Esa capacitación debe incluir la buena gerencia. Así, grandes médicos han llegado a ser ministro de Salud. Y los resultados de su gestión, en algunos casos, han sido poco halagadores. Si usted no actúa por miedo a las responsabilidades es un problema. Si actúa sin pensar en las posibles responsabilidades en que puede incurrir por su actuación, también es un problema. Lo que usted debe decidir como autoridad no sólo debe ser correcto y honrado, sino también oportuno, pues la oportunidad puede ser un factor muy importante para el logro de los resultados proyectados, para el costo del proyecto, etcetera. También debe contratar a precio de mercado. Recientemente incluso se tipificó el delito de sobreprecios en contratación pública. La buena gerencia de las entidades públicas se controla a través de lo que se denomina “auditoría de gestión”. Es decir, la incursión en la administración pública, que es un servicio a la colectividad según la Constitución, es una cuestión que hay que tomar con mucha responsabilidad. No hay que olvidar las famosas glosas o responsabilidades civiles, tan de moda en estos días.

Según el artículo 227 de la Constitución, la administración pública se rige por ciertos principios: entre otros, eficiencia, eficacia, evaluación. En nuestro país la eficiencia está definida así por el Código Orgánico Administrativo: “Las actuaciones administrativas aplicarán las medidas que faciliten el ejercicio de los derechos de las personas. Se prohíben las dilaciones o retardos injustificados y la exigencia de requisitos puramente formales”. Se trata, pues, de una obligación constitucional y legal que si usted no la cumple como ministro/a de Estado y en general como autoridad competente, le puede producir responsabilidad administrativa. Es decir, ser ágil y luchar por los derechos ciudadanos desde la administración pública es obligatorio; esa lucha comprende “remover los obstáculos” que afecten el ejercicio de los mismos.

La eficacia está definida así: “Las actuaciones administrativas se realizan en función del cumplimiento de los fines previstos para cada órgano o entidad pública, en el ámbito de sus competencias”. En definitiva, la autoridad debe proceder en cumplimiento de los fines predeterminados en las respectivas normas jurídicas. No puede inventarse fines ni competencias. Es el famoso “Derecho Público”. Además, usted como servidor público debe siempre evaluar lo que hace. El principio de evaluación está conectado legalmente con “la satisfacción de las personas frente al servicio público recibido”. Por la importancia de los derechos ciudadanos, la administración pública es considerada un servicio a la colectividad. (O)