A partir de la Constitución del 2008 hemos participado expresando nuestra opinión a través del pronunciamiento popular, respecto a preguntas en dos consultas populares y un referéndum. Las consultas respondían a necesidades urgentes extraconstitucionales. La última permitió un Consejo de Control Social y Participación Ciudadana transitorio, investido de facultades extraordinarias. Realizó cambios imperativos en la justicia y en los máximos organismos de control. Incumplió la promesa de creación de la Comisión Internacional contra la Corrupción.

La promesa de esta consulta popular se convirtió en un mecanismo de seducción al electorado, practicado por los candidatos presidenciales como programa de gobierno, para seducir el voto popular, explotando el anhelo de cambio. Este mecanismo, parte de la propaganda electoral, fue utilizado por el actual gobernante respondiendo al imperativo nacional del combate a la corrupción e impunidad. Ahora parece estar decidido a cumplirla.

Las diez preguntas definitivas para la consulta popular se conocerían la próxima semana, aseguró el ministro Francisco Jiménez

Las condiciones están dadas. El clamor popular exigiendo la consulta ensordece con la anticipada seguridad de su respuesta favorable. El Gobierno cuenta con el apoyo incondicional ciudadano para imponer el orden en las calles y la protección ante nuevas y mayores amenazas contra la vida y la seguridad, llegando a extremos de terrorismo jamás vistas. Será también la oportunidad para corregir los grados de la brújula gubernamental.

La ciudadanía observa estupefacta la carrera legislativa desenfrenada de la oposición hacia la captación de la justicia...

La consulta popular, convertida en exigencia por los ecuatorianos, que les permita expresar su mandato constitucional, se ha alimentado aun más que en años anteriores, a fin de compeler al gobernante a formular soluciones vinculantes a la actual problemática de corrupción de la justicia, que propiciadas por una constitución ad-hoc genera el caos existente e impide la adopción de medidas jurídicas y constitucionales inmediatas para resolverlo.

La problemática derivada de las movilizaciones indígenas reveló la situación de estos ecuatorianos, su marginalidad, pobreza y educación, que requieren de cambios fundamentales en la conformación y protección de sus nacionalidades, mediante reformas al orden seccional, para que puedan tener por sí mismos una verdadera participación ciudadana mediante el ejercicio pleno de sus derechos constitucionales.

La ciudadanía observa estupefacta la carrera legislativa desenfrenada de la oposición hacia la captación de la justicia, curándose en sano para eludir su accionar, a través de interpelaciones y destituciones que están llevándose a cabo, captando así las fuentes reales de poder, y a un ejecutivo que poco o nada puede hacer para frenarla. Recurrir al poder supremo de la voluntad ciudadana, nuevamente expresada en las urnas, será el único detente a este complot opositor jurídico-constitucional, cortándolo de raíz.

Un mea culpa cívico gubernamental merecería el desperdiciar esta oportunidad, para formularle al pueblo la consulta positiva acerca del retorno a la Constitución de 1998, y que, por la omisión presidencial, consiga la oposición el poder que a ellos se les negó en las urnas, y, que además, nos prive de perseverar en ello. (O)