Cuando me aprestaba a escribir en contra del decreto ejecutivo que intenta disminuir las facultades de la Contraloría General del Estado para controlar los fondos públicos, no solo en las entidades públicas sino también en las privadas que cuentan con fondos públicos, y que lo haré de todas maneras al final de este artículo, llegó la noticia de que la Corte Constitucional no había aceptado la recomendación de la jueza ponente de rechazar el juicio político propuesto en la Asamblea Nacional para destituir al presidente Guillermo Lasso; la recomendación negada de la jueza había recibido solamente el mísero apoyo de tres votos. En consecuencia, la Corte había nombrado nuevos jueces ponentes elegidos de entre los que habían votado en contra del informe de la jueza ponente inicial; estos deberán presentar su informe en horas y la Corte emitir su pronunciamiento asimismo de inmediato.

Si aprueba la continuación del juicio, su admisibilidad, el enjuiciamiento proseguirá en la Asamblea Nacional, y el país continuará en el estado agónico al que parece haberse resignado.

Muchas suposiciones se hacen sobre lo que sucederá. Si continuase el juicio y el presidente creyese que puede ser destituido, muchos especulan que pudiese recurrir a la muerte cruzada, y, por tanto, disolver la Asamblea Nacional, gobernar por seis meses con facultades para dictar decretos de carácter económico, previo dictamen de la Corte Constitucional, que actuará rigurosamente, según puede suponerse. Si se llegare a estos casos extremos, que ya no suenan muy lejanos, mucha gente preferirá la sucesión presidencial en la persona del vicepresidente, lo que puede devolver tranquilidad al país.

Si el Gobierno lograse sobrevivir, se encontrará en semanas con un nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social dominado por quienes fueron electos bajo el apoyo secreto de los partidos triunfantes en las últimas elecciones. Este nuevo Consejo –de oposición– es el que elegirá al contralor general y otras autoridades de control.

En medio de este panorama adverso, el Gobierno lanza un guante de desafío expidiendo un decreto ejecutivo que pretende disminuir las facultades de la Contraloría en relación al control de los fondos públicos existentes en personas jurídicas privadas, en contradicción con lo que dispone la Constitución. La Contraloría deberá continuar ejerciendo ese control porque así lo disponen la Constitución y las leyes, y si se impugna esto ante la Corte Constitucional habrá acabado la aventura. El tratar de traspasar la facultad de control a las superintendencias de Bancos y Compañías, cuyas competencias son otras, solo muestra que el presidente no tiene quien le escriba los decretos. Fue la Contraloría la que glosó las ilegales actuaciones de una de las mal afamadas empresas públicas que nos han conducido al juicio político que se vive; me refiero a Flopec.

Uno no puede dejar de condenar la incompetencia de las autoridades locales y nacionales en prevenir la tragedia anunciada en Alausí. Mandándose cartitas, en lugar de concurrir al sitio con recursos y reubicar a las ahora víctimas. ¡Un castigo se impone! (O)