Hace 11 años, Francisco Huerta hizo una declaración con la que el país político debía lidiar: Ecuador va camino a convertirse en un narco-Estado. ¿Qué implicaba aquello? La posibilidad de la penetración de la fuerza pública, la justicia y la política, a cambio de dinero o por chantaje, para conseguir lo que necesiten. En sencillo: que tengan la capacidad de continuar con su negocio ilegal sin que nadie los moleste.

Sin embargo, la reacción inmediata de las autoridades de ese entonces fue el enojo del presidente de aquella década, lo que automáticamente implicaba que era un tema sobre el cual no se hablaba y no iba a pasar casi nada. Miraron para otro lado y dejaron que el proceso de descomposición continúe. Sí, presentaban cifras de incautaciones de droga cada vez más grandes, uno que otro detenido y misión cumplida...

Hoy, a fines de 2021, el embajador de Estados Unidos hizo una declaración pública –al estilo de uno de sus antecesores que habló sobre las aduanas de Guayaquil, allá por 1996– y topó ese sensible tema, al afirmar que hay narcogenerales, en momentos en que la cúpula policial debía aceptar el retorno de cuatro generales –a los que les quitaron la visa a Estados Unidos, al igual que a sus familias– quienes acusaron a la comandante general, Tannya Varela, de irregularidades en el proceso de ascenso de su esposo y de ellos y cuya voz fue escuchada por una jueza que ordenó su reincorporación, aunque la decisión fue impugnada por la general y está en revisión por la justicia.

Sin duda, parecería un guion para una historia de televisión, en el cual se puede formular varias preguntas sobre lo que ocurre en la Policía, en su institucionalidad y en sus procedimientos. Sin embargo, aquí no se trata de darle mérito a uno u otro bando, se trata de que algo grave ocurre en la institución que se ha tratado de debilitar por años y que es crucial en la lucha contra el narcotráfico.

Como están las cosas, el Gobierno tiene un problema en la Policía y deberá tomar decisiones rápidas y oportunas, no solo por este caso sino porque el Estado ecuatoriano tiene serios problemas de penetración del narcotráfico, proceso que toma años y que los ha tenido, por inacción de los gobiernos anteriores, y que se evidenció en la facilidad para falsificar documentos de identificación, falta de control aéreo, poco control en puertos y aeropuertos, justicia poco eficaz, cientos de ecuatorianos sin recibir atención de las autoridades, pobreza, pocas oportunidades, falta de educación... la lista es enorme.

A la lucha contra el narcotráfico no se la puede seguir midiendo por las toneladas de incautaciones o “las dosis que se evitan que circulen en las calles” o por tratar de controlar la violencia en las cárceles. Se requiere de acciones a todo nivel: control interno de la fuerza pública, mejores sistemas de rendición de cuentas para los políticos, jueces y fiscales, mayor intercambio de información, educación, servicios básicos, trabajo, atención a la población más vulnerable. Se trata de volver a darle viabilidad al Ecuador, que deje de ser el país del que muchos quieren irse y pocos quieren adueñarse. (O)