En Ecuador, 8 de cada 10 víctimas de trata de personas son mujeres y niñas. Las cifras globales confirman esta tendencia; según el Informe Mundial 2020 sobre la Trata de Personas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), este delito afecta desproporcionadamente a ciertos grupos y vulnera sus derechos. Un mayor riesgo de ser víctima surge cuando preexisten condiciones: la necesidad económica fue un factor de vulnerabilidad en un 51 % de los casos y el estatus migratorio irregular en un 10 %. El contexto migratorio de ciudadanos de origen venezolano está acompañado de riesgos explotados por la delincuencia organizada en la región. Los efectos de la pandemia por COVID-19 multiplican esos riesgos. Las respuestas requieren un enfoque integral, de derechos humanos y género. Los esfuerzos deben ser regionales para identificar tendencias y generar acciones efectivas de la justicia penal.

El 30 de julio fue designado por la ONU como el Día Mundial contra la Trata de Personas para concientizar sobre la situación de las víctimas y promocionar y proteger sus derechos. Si bien más de 20 años han pasado desde que la ONU adoptó un protocolo internacional para combatir este flagelo y 15 años desde que Ecuador tipificó este delito, los retos para la protección de las víctimas y la erradicación de este fenómeno criminal siguen latentes. Más de 350.000 víctimas a nivel global han sido reportadas a la UNODC desde 2003. Este número no deja de crecer.

Las víctimas requieren asistencia integral con un enfoque de derechos. La voz de las víctimas es central para aprender de su experiencia: este aprendizaje fomenta respuestas más efectivas para prevenir, identificar y sancionar este delito, así como apoyar a otras víctimas en el camino hacia una reparación integral, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El Estado ecuatoriano ha avanzado a nivel legislativo y de políticas públicas para mejorar la respuesta a la trata de personas. Sin embargo, las dinámicas complejas y ocultas de este delito generan retos constantes para el rescate y atención a las víctimas, así como la condena a los tratantes. Se requiere un esfuerzo estructurado de las funciones del Estado; sus capacidades técnicas deben ser fortalecidas para mejorar la identificación de casos y promover investigaciones que conlleven a sanciones efectivas, con una visión centrada en las víctimas. UNODC coordina asistencia técnica con este objetivo.

Este 2021 nos trae retos: los Estados participarán en la revisión y revitalización del plan de acción contra la trata de personas en Naciones Unidas. Esta es una oportunidad para renovar el compromiso y mejorar la coordinación entre Estados, sociedad civil y academia. La comprensión de las causas estructurales de la trata de personas debe transformarse en acciones coordinadas y centradas en las víctimas. En Ecuador, los desarrollos normativos y operativos contra la trata de personas son constantes. UNODC pone a disposición del Gobierno su experiencia y experticia internacionales para continuar con el fortalecimiento de las capacidades de respuesta del Estado frente a este abominable delito. (O)


* Antonino De Leo es Representante de la UNODC para Perú y Ecuador, responsable de coordinación de las operaciones en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.