Corría el año 1967 cuando el honorable Rodrigo Suárez Morales planteó al Senado la necesidad de que cuando el Estado lesiona a los particulares debe establecerse la responsabilidad directa del mismo por el daño causado por el funcionario público. Este concepto se incluyó en la Constitución del mismo año. La Constitución vigente incluyó en tal responsabilidad también a las omisiones. Es decir, el no actuar es fuente de responsabilidad estatal.

Anuncian captura de dos presuntos implicados en asesinato de abogado en Azogues

En medio del drama de las muertes por violencia carcelaria, la Corte Constitucional señaló en la fase de seguimiento de la causa 4-20-EE/21 que “pese a que la Presidencia remitió un informe según lo ordenado en el dictamen de constitucionalidad No. 6-20-EE/20, el contenido del mismo no refleja la adopción de las medidas ordenadas previamente… Más aún, resulta evidente que una demostración de extrema violencia desplegada de forma simultánea en los últimos días en los centros de rehabilitación social no habría sido posible si las medidas reportadas en el informe hubiesen sido efectivas”. En ese mismo auto de seguimiento, la Corte dispuso al presidente de la República convocar al directorio del organismo técnico del sistema nacional de rehabilitación para que “Adopte decisiones urgentes para garantizar la seguridad en los centros de privación de libertad”, “Diseñe una propuesta de política pública integral, debidamente financiada, que brinde soluciones estructurales efectivas a la crisis en el sistema de rehabilitación social que vive el país con la participación de instituciones estatales y miembros de la sociedad civil”. Este mandato fue dirigido al presidente anterior, y es exigible en el gobierno actual.

Mafias albanesas instalan escuelas de sicarios en Guayaquil

El crimen organizado y el tráfico de drogas que vive el Ecuador son un drama. Los ciudadanos no podemos hacer nada para combatirlos. Debemos rogar no estar presentes en algún cruce de balas en las calles o en algún restaurante donde entren a asaltar. La muerte está en todos lados. Es rutina. Ver y escuchar noticias sobre abundantes sicariatos es una rutina inconcebible en un Estado de derecho. Muy rara vez es detenido un sicario, y peor condenado. El fiscal asesinado hace unos días cerquita de su trabajo fue eliminado por un menor. El sicariato tiene sus complejidades, pero es delincuencia común y el fracaso en su combate no tiene perdón, como tampoco la ausencia de huertos en las cárceles donde puedan trabajar los presos, que no exista masificación deportiva, educativa, de lectura, que continúe el ingreso de armas. A todos nos queda claro que balas es lo que más hay en las cárceles, horas enteras de balaceras reflejan una impresionante disponibilidad. En medio del caos carcelario hay aspectos que sí pueden gobernarse y esa omisión no tiene excusa. ¿Qué puede argumentarse ante la ausencia de oportunidades de deporte, de educación, de lectura, de trabajo en huertos? Pues nada. Experiencias piloto no sirven ya. El deporte, los huertos, la educación, la lectura deben masificarse en las cárceles. ¡Manos a la obra! No creo que las bandas se opongan a ello. El aburrimiento llega a todos. (O)