Se denomina sociedad civil a un ‘tercer sector’ o ‘sector social’ que no es público o empresarial y está representado por organizaciones (OSC) heterogéneas que apoyan diversas causas: asociaciones, fundaciones, grupos activistas (minorías, ambiente, familia, mascotas), veedurías, frentes profesionales, observatorios, comisiones anticorrupción y otras. Constituidas formal o informalmente, las OSC prestan servicios y desempeñan un rol reivindicativo, buscando participar con grupos de poder en decisiones que les atañen. En este espacio de intersección construyen alianzas con el Estado, empresas, academia y organismos internacionales. Un ejemplo reciente es la oportuna conformación del Grupo Parlamentario por la Libertad de Expresión, iniciativa liderada por Fundamedios para garantizar este derecho.

El Foro de los países de América Latina y el Caribe sobre el desarrollo sostenible 2021 declaró, hace poco, que el Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil, creado en 2018, no había conseguido un diálogo significativo entre gobiernos y sociedad civil, por lo cual plantea un modelo de producción y desarrollo diferente; un Nuevo Contrato Social, garante de derechos y del cumplimiento de la Agenda 2030. El Foro observa que las economías de la región han sufrido una caída del PIB de -9,1% en 2020 (Cepal), con un aumento de 185 a 220 millones de personas en condición de pobreza, y de 67,4 a 90 millones en pobreza extrema (BM, FAO, Oxfam), por lo que exige la definición de acuerdos de cooperación, marcos normativos, recursos estatales y la intervención de la sociedad civil.

En el excelente primer número de la Revista Cívica (BID, 2021), los autores se aproximan al origen de las violentas manifestaciones que ocurren en América Latina, Estados Unidos, Europa y Asia desde 2019. Partiendo de que no se trata solo de inequidad social, su hipótesis es que la ciudadanía, hoy en día, parece ‘percibir la realidad’ fuera del repertorio de indicadores con los que la gobernanza clásica mide el bienestar social. Así, cuando a la percepción de desigualdad se suma un factor de identidad, podrían generarse malestares sociales. Chile lo ilustra: si bien el gatillador de las protestas fue el aumento del valor del transporte, el descontento se mantuvo una vez retirada la medida. Son otros factores, invisibilizados (“qué le duele a la gente”), los que responderían a la percepción de identidad: empoderamiento, dignidad, confianza y visibilidad.

Si el pueblo que somos –gústele o no a los mandatarios– se siente reconocido, escuchado e incluido, cabría la esperanza de que recupere su identidad, tan abreviada en estos tiempos. Pero la potencia de la sociedad civil, convocada en tiempo real por la hiperconectividad, no se armoniza con las soluciones de los gobiernos, que se piensan y ejecutan en tiempos distintos.

Cabría entonces avanzar en el desarrollo de procesos de toma de decisiones participativas ‘a prueba de futuro’. Y si por ese sendero caminamos diez pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá, diremos como Birri y Galeano que, aunque nunca la alcancemos, la utopía nos habrá servido para caminar. (O)