El presidente nos ofrece una consulta popular para nuestra constitucional participación ciudadana, a fin de instrumentar el cumplimiento de su promesa electoral, respecto a la lucha contra la corrupción, mediante una reforma integral al sistema judicial, y que seamos nosotros, sus beneficiarios, quienes nos pronunciemos acerca de ella. Responde además a la exigencia ciudadana de eliminación del Consejo de la Judicatura, para devolver a la Corte Nacional la calidad de Corte Suprema, desapareciendo heredados males en aquel organismo.

Complementa de esta manera su anterior promesa electoral. La conformación de una Comisión de Lucha Contra la Corrupción. Mas por lo que nos dio a conocer poco tiempo atrás, dicha Comisión no responde a las expectativas previas generadas, ya que su conformación incluye varios organismos del Estado, eventualmente materia de investigación por la misma Comisión. Entendíamos, cuando inicialmente lo prometió, que se trataba de un organismo, independientemente de los gubernamentales, excepto de la Fiscalía General del Estado, como ejecutor de las investigaciones de la Comisión.

Ahora que Estados Unidos procedió con el retiro de visas a centenares de ecuatorianos indeseables, en su lucha contra la corrupción y el narcotráfico internacional, publicando su intención de proseguir con esta medida profiláctica para ese país, queda muy en claro la negligencia, complicidad o encubrimiento de los integrantes de los organismos de administración, juzgamiento y control de la justicia ecuatoriana, y confirma la enorme desconfianza ciudadana en todos ellos; lo que vuelve imperativa la creación y conformación de la Comisión Internacional con elementos independientes a la actividad gubernamental, aprovechando la oportuna reforma a la Función Judicial por él proyectada.

El presidente ha hecho bien en escuchar la sonora señal de alarma, que le han proporcionado los Estados Unidos, para el cumplimiento oportuno de su palabra impulsando la consulta. En ella, haciendo uso de su derecho constitucional, bien podría, sin dejar de presentar a consideración de la ciudadanía su anunciado proyecto de reforma judicial, incluir otro, similar al electoralmente ofrecido, respecto a la Comisión Internacional, que responda o no, a la independencia de injerencia gubernamental, a fin de que sea la ciudadanía, saneando cualquier objeción constitucional, la que decida su conformación y atribuciones.

La vigencia inmediata de la Constitución de 1998, y la convocatoria a una constituyente sin “plenos poderes”, eliminaría todo ese constitucional y planificado catálogo garantista delincuencial vigente, y su complementaria estructura jurídica decenal, que ampara la corrupción y que permite a los delincuentes entrar y salir de las cárceles como visitantes, al narcotráfico convertirnos en sus distribuidores internacionales y a nuestras calles en cementerios. Parece que democráticamente merecería ser materia de la consulta a la ciudadanía.

Acatando cualquier resultado de las respuestas a la consulta, el presidente Lasso habrá cumplido su palabra; y su gobierno, lo prometido.

¡Él tiene la palabra! (O)